El Equipo de Gobierno llevará mañana a pleno una moción solicitando a la Junta de Andalucía que no ponga a la venta las instalaciones del Andalucía Lab en Marbella. Así lo ha anunciado el concejal de Turismo, José Luis Hernández, quien ha señalado que “esta medida agrava el proceso de desafección del Gobierno autonómico con la ciudad”.
El edil ha afirmado que “el Andalucía Lab no debería dejar de ser público bajo ningún concepto porque supondría una rebaja competitiva en la estrategia turística andaluza y reduciría el papel institucional que Marbella debe jugar en este ámbito en el conjunto de la comunidad”.
“La Junta debería reconsiderar una decisión que consideramos desacertada y que va en contra del espíritu que debería guiar su política turística”, ha indicado el edil, quien ha añadido que “este anuncio resulta aún peor si recordamos que el Gobierno autonómico invirtió cinco millones en la remodelación integral del edificio, por lo que da una imagen de improvisación e ineficacia que va más allá del despilfarro”.
Hernández ha explicado que esta moción se ha tramitado de urgencia tras la aparición de la noticia en los medios de comunicación y complementa a otra presentada por vía ordinaria por la que se solicita a la Junta de Andalucía una mayor promoción de la marca Marbella.
En este sentido, el edil ha señalado que “nuestra ciudad es un magnífico escaparate que aumenta el eco de promoción de cualquier iniciativa que se celebre y queremos que el Gobierno autonómico utilice la marca Marbella como la franquicia turística de primer nivel que es porque hasta ahora lo hemos echado de menos”.
Por otra parte, el coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, ha avanzado que el Ejecutivo local también llevará a pleno el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación relativo al convenio colectivo de los trabajadores municipales.
Rubio ha subrayado que “en materia de personal, el Equipo de Gobierno ha aplicado una reducción constante de costes sin tomar ninguna medida traumática y ha garantizado la estabilidad, manteniendo en la medida de lo posible los derechos que venían regulados en su convenio colectivo”. Ha especificado que el convenio colectivo se veía afectado por tres circunstancias que han motivado su adaptación a la nueva normativa: la Reforma Laboral, que marcaba el 8 de julio como límite temporal para todos los convenios que estuvieran caducados; el Real Decreto Ley 20/2011 para garantizar la estabilidad de las administraciones públicas y el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento.
Rubio ha indicado que el acuerdo ha contado con el respaldo de todos los sindicatos y contempla la ultraactividad del convenio; la adaptación de todo el régimen de vacaciones, licencias y permisos basándose en las disposiciones de la Junta de Andalucía y la limitación de las ayudas socioeconómicas, congeladas en el nivel del año 2011 que obligaba a establecer prioridades.