El Ayuntamiento convocará en el plazo máximo de dos meses un pleno extraordinario que la oposición solicitó en el año 2000 en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo recibida esta misma semana. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha señalado que “el equipo de Gobierno tiene la obligación de acatar todas las decisiones judiciales aunque las circunstancias que rodeaban la petición inicial hayan variado sustancialmente”.
La regidora ha explicado que hace siete años, los tres concejales del grupo municipal del PP, Félix Romero, Diego Maldonado y Mª Francisca Caracuel, junto a los cinco concejales del PSOE, Isabel Gª Marcos, Antonio Martín, José Manuel Muñoz García, Francisca Aguilar y Ramón Leal, solicitaron un pleno extraordinario para conocer las alegaciones que el Ayuntamiento iba a presentar al Anteproyecto del Informe del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios de 1991 a 1999.
Aunque el Ayuntamiento celebró el pleno extraordinario el 8 de noviembre del 2000, el equipo de Gobierno no facilitó a la oposición la documentación requerida, por lo que tanto el grupo popular como el socialista interpusieron un recurso en el TSJA que, finalmente, dictó una sentencia favorable.
El Consistorio volvió a recurrir esta decisión judicial en el Tribunal Supremo que, siete años más tarde, responde con una sentencia que ratifica la dictada por el TSJA y obliga a celebrar el pleno extraordinario. La regidora ha puesto de manifiesto que “aunque a nivel operativo pueda tener poca trascendencia, será interesante conocer las alegaciones que el Ayuntamiento presentó en su día” y ha añadido que “el Tribunal de Cuentas ha abierto 17 procedimientos por alcance contable y varios procedimientos penales, un escenario muy distinto al del año 2000 cuando el procedimiento estaba a punto de abrirse”.
Sin embargo, para la celebración del pleno, el Consistorio tendrá que recabar antes una documentación que, según ha precisado Muñoz, “no se encuentra actualmente en las dependencias municipales en su totalidad”, por lo que se requerirá al entonces asesor jurídico del Ayuntamiento, Jose María del Nido. En este sentido, la primera edil ha apuntado que “de la misma forma que yo asumo como alcaldesa lo que dicta la sentencia aunque no estuviera al frente de la corporación municipal en aquella época, creo que él debe asumir su responsabilidad como representante legal del Ayuntamiento”.
En relación al levantamiento del precinto en la promoción de viviendas Jardines de la Costa, Muñoz ha explicado que se trata de una actuación que responde a una decisión judicial y que, en cualquier caso, será el próximo planeamiento urbanístico el que determine la situación de la misma ya que, en estos momentos, se encuentra fuera de ordenación.
Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana en San Pedro Alcántara, se han aprobado las bases de la concesión y uso de las casetas de la feria de San Pedro 2007, tanto de las barras y bares que se instalarán en la calle Marqués del Duero como de las casetas particulares, por lo que los interesados pueden contactar cuando lo deseen con la Tenencia de Alcaldía o con la delegación municipal de Fiestas.
Otros acuerdos alcanzados en la reunión se refieren a la mejora en el tráfico de la rotonda del Rocío, el acondicionamiento de la carretera que une San Pedro con La Campana y el arreglo de las instalaciones de la Carpa del núcleo poblacional.