El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado hoy el pliego de condiciones para sacar a concurso la primera promoción de viviendas públicas que se construye en la ciudad en los últimos 18 años. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local, celebrada en San Pedro, ha dado luz verde al documento que regula las condiciones del proyecto y que con toda probabilidad estará adjudicado, vía concurso público, para el próximo mes de diciembre.La regidora ha explicado que el propósito del Gobierno que preside se centra en continuar trabajando para “obtener todo el suelo municipal posible” y ponerlo a disposición de nuevos proyectos para viviendas de promoción pública en tanto que el nuevo Plan General se aprueba de forma definitiva; de hecho, ha recordado Muñoz, el Ejecutivo local ya proyecta nuevas ubicaciones en los núcleos urbanos de las Chapas y Nueva Andalucía.
En palabras de Muñoz, el compromiso adquirido por el Ejecutivo local y los pasos que se están dando para materializarlo son “una estupenda noticia tras tantos años sin construcción de viviendas públicas y después de que las promesas incumplidas fuesen la tónica general” de los anteriores Gobiernos municipales.
En el caso de la promoción que albergará San Pedro, en la intersección de las avenidas Pablo Ruiz Picasso y Príncipe de Asturias, se ofertarán un total de 37 viviendas de las cuales 19 se destinarán a los jóvenes (hasta 35 años), 18 a viviendas de Régimen General (para las familias con menos recursos) y un 3% del total se reservará para personas con discapacidad.
Muñoz ha reseñado que se trata de viviendas a precios asequibles cuya superficie útil, en el caso de los jóvenes, es de 70 metros cuadrados y con un coste que oscila entre un mínimo de 85.500 euros y un máximo de 109.500 euros con garaje y trastero; las de Régimen General (con una superficie útil de 90 metros cuadrados) alcanzarán un precio máximo de 125.500 euros (incluida la opción del garaje y el trastero). Asimismo ha indicado que la promoción en cuestión cuenta con un máximo de edificabilidad de 4.680 metros cuadrados y una zona de 1.106 metros cuadrados destinada a locales comerciales.
La alcaldesa, quien ha afirmado que se dará cumplida información a los solicitantes una vez adjudicado el proyecto, ha adelantado que los interesados en acceder a la compra no podrán ser titulares de otra vivienda y por tanto deberán hacer uso de ella como residencia de tipo permanente.
Otros de los requisitos serán que los ingresos familiares anuales sean superiores a los 6.000 euros y que la remuneración salarial no supere el 3.5% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), aproximadamente unos 35.800 euros anuales, y el 2.5% del IPREM, cerca de 25.600 euros anuales, para las viviendas destinadas al colectivo de los jóvenes; además, los demandantes deberán estar empadronados en la ciudad un mínimo de dos años (con anterioridad a la inscripción) y en caso de que tuviesen su residencia fuera del municipio y quisieran regresar tendrían que acreditar, al menos, un periodo de cuatro años.
Muñoz ha indicado por último que en la elección de la empresa que finalmente resulte elegida como adjudicataria también se tendrá en cuenta “el menor tiempo posible en que realice la obra”.
En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado las bases de contratación para la adjudicación de la implantación de un sistema de control presencial de los trabajadores del Consistorio por un importe de licitación de 58.000 euros. Una herramienta, ha explicado el portavoz municipal, Félix Romero, que tendrá como objetivo “medir la asistencia de los trabajadores a sus puestos de trabajo mediante la implantación de sistemas en 20 centros del Ayuntamiento”.
Según Romero se trata de “una apuesta por mejorar el servicio del Ayuntamiento y garantizar la presencia de los funcionario para que estén al servicio de los ciudadanos, en definitiva, el sentido de su profesión” y ha explicado que como instrumentos las bases elaboradas contemplan diferentes mecanismos, mediante “parámetros biométricos como pueden ser el iris del trabajador o la huella dactilar; una tarjeta presencial que sonaría cuando se pase cerca del dispositivo o incluso la posibilidad de instalar tornos que controlen el acceso y salida de los puestos”.
De otro lado, la Junta de Gobierno también ha procedido al reconocimiento de facturas pendientes dado que “una de las prioridades del Equipo de Gobierno es sanear la situación económica del Ayuntamiento”. En concreto se ha registrado facturas relacionadas con la limpieza y el ornato de la ciudad (adquisición de barredoras, vehículos de residuos sólidos y mejoras de los equipamientos de playas por un importe de alrededor de 300.000 euros).
Romero ha resaltado que los pagos que efectúa el Ayuntamiento “son prácticamente de hace unos 90 días” por lo que “funcionamos como el Consistorio de la Costa del Sol que mejor paga en un situación de crisis, lo que supone un contraste muy grande con lo que ocurría anteriormente y un claro compromiso de garantizar la prestación del servicio público”.
