Herramientas de Accesibilidad

Skip to main content

Acceso a usuarios corporativos

El Ayuntamiento logra el embargo preventivo de 41 fincas de un exteniente de alcalde del GIL en un procedimiento del Tribunal de Cuentas por un alcance contable de 108 millones


El portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, ha anunciado hoy que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia que da la razón al Ayuntamiento y que ordena el embargo preventivo de 41 fincas y otros bienes del exteniente del alcalde del GIL, Pedro Román, por un procedimiento del Tribunal de Cuentas por un alcance contable en los fondos municipales de 108,3 millones de euros en el que fue condenado junto a otros exresponsables municipales.

“Es un avance muy importante porque supone una garantía de cobro para cuando se resuelva el recurso de apelación y demuestra que el Ayuntamiento de Marbella continúa con su trabajo asegurando, se tarde lo que tarde, la recuperación de los bienes que salieron ilícitamente del municipio”, ha valorado.

En concreto, el Ayuntamiento ha conseguido embargar preventivamente bienes de diez sociedades que “a través de personas interpuesta o directamente son propiedad de Pedro Román”. Se trata de 31 fincas en Marbella, 1 en Estepona, 2 en Salamanca, 1 en Cáceres, 4 en Madrid, 1 en Mijas y 1 en Ibiza, así como un avión, un helicóptero y participaciones en una sociedad mercantil.

El portavoz municipal ha destacado el importante trabajo municipal “de investigación y jurídico para intentar desentrañar la maraña de sociedades creada para intentar diluir el patrimonio al que podía acudir para resarcirse al Ayuntamiento”. Hasta que se resuelva el procedimiento, por tanto, tiene prohibición de disponer de las fincas y los bienes.

Romero ha recordado que el Tribunal de Cuentas dictó en abril de 2011 una sentencia que condenaba de manera solidaria a exresponsables de los gobiernos municipales del GIL, entre ellos a Pedro Román, por un desvío injustificado de los fondos públicos de 66,506 millones de euros de principal y 41,833 millones de euros de intereses.

IMG 2895bajaLa sentencia se encuentra actualmente en apelación y desde el Ayuntamiento “estamos tratando de evitar que se pierdan bienes asegurando que el resultado del procedimiento sea efectivo y pueda traducirse en una recuperación de los bienes que se han perdido”, ha abundado.

En la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana se ha dado cuenta igualmente de que la Audiencia Nacional ha fijado fecha para la celebración del juicio oral por el llamado ‘caso Saqueo II’, derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del GIL entre los años 1991 y 1999. En concreto, se celebrará los días 18,19, 22, 23 y 24 de abril.

El portavoz del Equipo de Gobierno ha recordado que en la investigación se detectaron “irregularidades importantísimas” sobre la defraudación a la Seguridad Social de todos los miembros de los consejos de administración y, especialmente, sobre la facturación de proyectos falsos al Ayuntamiento por parte de las sociedades de Carlos Monteverde.

“Para nosotros es muy importante que la Justicia vaya cumpliendo con su obligación y que se pueda resarcir al municipio”, ha precisado Romero, quien ha recordado que el llamado ‘caso Saqueo II’ es uno “de los más antiguos de los que se han tramitado por el llamado saqueo de las arcas municipales”.

Por último, ha informado de los cambios en la organización del Ayuntamiento con la creación de la delegación de Estadística y Extranjería, que comprenderá los asuntos referidos a padrón y la atención al residente extranjero, entre otros, y que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha encomendado a la concejala de Sanidad, Alicia Jiménez.

Igualmente se ha nombrado a Baldomero León como responsable de la nueva delegación de Innovación y Sostenibilidad, área que coordinará las iniciativas para que Marbella se convierta en una ‘Smartcity’, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y programas de modernización y sostenibilidad. Por su parte, José Eduardo Díaz asume la delegación de Promoción Económica y Pymes, hasta ahora ostentada por Antonio Espada.