El Equipo de Gobierno seguirá estudiando alternativas para la colocación de cámaras de vigilancia en Puerto Banús tras el nuevo rechazo del Gobierno al recurso del Ayuntamiento

El Equipo de Gobierno ha anunciado que seguirá buscando alternativas para la instalación de cámaras de vigilancia en Puerto Banús tras conocer la nueva negativa al proyecto por parte de la Delegación del Gobierno central en Andalucía.

La primera teniente de alcalde y delegada de Seguridad Ciudadana, María Francisca Caracuel, ha confirmado que el Gobierno central ha desestimado el último recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Marbella contra la resolución de la delegación estatal que también rechazaba autorizar la instalación de videocámaras en determinadas zonas de Puerto Banús.

En la resolución remitida al Ayuntamiento se señala que la desestimación del recurso agota la vía administrativa y abre un plazo de dos meses para la interposición de un recurso contencioso-administrativo, aunque la delegada de Seguridad Ciudadana ha señalado que no se contempla esta medida.

No obstante, la primera teniente de alcalde ha subrayado que se estudiarán “todas las vías posibles para que este proyecto sea una realidad” y para ello ha anunciado reuniones para los próximos días con los servicios asesores del Ayuntamiento y con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), promotor junto con el Consistorio de la iniciativa.

La delegada de Seguridad Ciudadana ha vuelto a insistir en el empeño por poner en marcha una iniciativa que “cumple con todos los requisitos que establece la ley” y que considera “fundamental” para prevenir la comisión de posibles delitos. Asimismo, recuerda que se trata de una propuesta que viene avalada por la experiencia exitosa de ciudades tan importantes como Londres y Málaga en las que los índices de delincuencia han registrado un descenso.

El proyecto, prioridad de primer orden para el Equipo de Gobierno, ha sido rechazado con esta en varias ocasiones por la administración central en base a la justificación de que no existe una situación de extrema gravedad en los índices de delincuencia y que no se ha producido además una situación de clamor popular. En este sentido, Caracuel ha considerado “preocupante” los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo central, a través de su delegación autonómica, ya que plantean “un modelo de seguridad nada deseable para el municipio” y precisamente “lo que pedimos y queremos nosotros es poder trabajar en la prevención para evitar que los niveles de delincuencia no lleguen a la extrema gravedad”.