El portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, ha afirmado hoy que el Ayuntamiento de Marbella “no ha dado la callada por respuesta” en relación a la ejecución de sentencias que anulan licencias de obras, tal y como le ha acusado hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.
Romero ha criticado que “Chaves y altos dirigentes de la Junta hablen de dejación de funciones cuando durante quince años han mantenido una actitud pasiva en el control del desarrollo urbanístico del municipio y nadie, ni nosotros ni los ciudadanos, puede concebir que las irregularidades de tiempos pasados acampasen a sus anchas en Marbella sin que la administración competente en la materia se enterase absolutamente de nada”.
asimismo, el portavoz del ejecutivo también ha reiterado que el gobierno municipal “no se niega a acatar requerimientos judiciales sino que considera que los más razonable y beneficioso para los compradores de buena fe es esperar a que el municipio disponga de un planeamiento urbanístico definitivo”.
En este sentido, Romero ha incidido que el Partido Popular “es el único partido, antes y ahora en el gobierno, que nunca ha cambiado en su posicionamiento en contra de las demoliciones” y que además, ha recordado el segundo teniente de alcalde, “coincide” con el precedente que ha sentado recientemente la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que defiende la conveniencia de posponer cualquier decisión hasta que la localidad disponga de un documento urbanístico; planteamiento, ha recordado el portavoz del gobierno local, que también fue asumido por la comisión gestora presidida por el socialista Martín Reyes y respaldada por el responsable de urbanismo, del mismo partido, Rafael Duarte.
Por último, Romero ha recordado al gobierno autonómico, en alusión a las críticas vertidas por el Consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, que “no era precisamente a nosotros a quien aludía el juez Torres en el auto del Caso Malaya sino a la propia Junta de Andalucía a quién consideraba no como parte perjudicada sino como beneficiaria de los ingresos” generados por la concesión de licencias de las viviendas construidas al margen de la legalidad.
