La alcaldesa considera “absolutamente injusto e intolerable” que las multas del caso Malaya vayan al Estado y anuncia que el Ayuntamiento pedirá una modificación legal para que reviertan en Marbella “como gran perjudicada”

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha afirmado hoy que el Ayuntamiento “actuará con toda la contundencia legal posible” para que las multas del caso Malaya “reviertan en la ciudad de Marbella como gran perjudicada”. Asimismo, ha considerado “absolutamente injusto e intolerable” que las sanciones económicas a Roca y al resto de imputados vayan al Estado “cuando todo el patrimonio se ha esquilmado a las arcas municipales”.

La regidora ha asegurado que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción –que cifra en 4,1 millones de euros el daño patrimonial al Ayuntamiento cuando la multa a Roca asciende a 810 millones y a 316 millones en el caso de los demás imputados- ha supuesto “un duro golpe para los intereses de la ciudad”.

Para Muñoz, el caso Malaya “no puede convertirse en el gran negocio del Gobierno” cuando el municipio “arrastra una deuda de más de 300 millones de euros sólo con Seguridad Social y Hacienda por los desmanes de las anteriores corporaciones que se está pagando religiosamente con intereses y de la que la administración central del PSOE no ha perdonado ni un solo euro”. Por ello ha reiterado la necesidad de introducir las modificaciones legislativas necesarias “para evitar esta tropelía”.

Concretamente, ha anunciado que el Ejecutivo local pedirá que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales incluya una propuesta “para que las multas sostenidas como consecuencia de la corrupción municipal reviertan directamente en los municipios estafados”.

Muñoz ha precisado que el Partido Popular ya presentó una propuesta en esta línea en el Congreso de los Diputados que fue rechazada por el PSOE “a pesar de estar respaldada por la firma de más de 25.000 vecinos de Marbella” porque, como ha manifestado, “nos lo veíamos venir”.

En virtud de esta ley específica, las multas del caso Malaya “se destinarían a subsanar la deuda con Seguridad Social y Hacienda y a un Plan de Inversiones para paliar el déficit generado por la falta de inversión en la ciudad durante más de quince años”.

Además, ha asegurado que se trata de un cambio “posible” porque, como ha recordado, cuando gobernaba el Partido Popular “se hizo efectiva una modificación legal por lo que todo el dinero incautado por  delitos de tráfico de drogas se destinaba a las asociaciones de ayuda contra la drogadicción”.

La alcaldesa ha afirmado que el hecho de que las arcas del Administración General del Estado puedan recibir las multas de los imputados del caso Malaya “es una auténtica barbaridad y no contribuye a que Marbella pueda salir adelante” y ha añadido que el Equipo de Gobierno “está legitimado por las urnas y por el clamor de la ciudadanía de Marbella contra una situación indignante para impulsar los mecanismos que puedan reparar esta injusticia”.