La alcaldesa subraya que el Ayuntamiento “no ha pedido un crédito, sino una operación de tesorería a corto plazo para garantizar los pagos a proveedores que corresponden a otras administraciones”

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado hoy que el Ayuntamiento “no ha solicitado un crédito, sino que se trata de una operación de tesorería a corto plazo, con el fin de poder garantizar los pagos a los proveedores y constructores que están realizando obras para el Consistorio y hacerlos efectivos de forma inmediata”.

En este sentido, la regidora ha recordado al PSOE local, refrendando las afirmaciones efectuadas recientemente por el coordinador general de Hacienda, que “se trata de garantizar unos pagos que corresponden a otras administraciones que no están realizando sus liquidaciones a tiempo”.

De este modo, Ángeles Muñoz señala que “el Ayuntamiento está adelantando el pago de proyectos importantes para la ciudad que están cofinanciados con otras administraciones –gobernadas por el PSOE- que aún no han hecho llegar los partidas cuyo abono les corresponde”.

Consisten, según la regidora, “en transferencias derivadas de los fondos del Plan Turístico del pasado año, que tenían que haber llegado como plazo límite el pasado mes de marzo, así como a otras partidas correspondientes al último Plan Qualifica y a transferencias propias de la Diputación Provincial”.

Tras señalar que el Ayuntamiento está actuando “conforme a un gobierno responsable”, la regidora no entiende, por el contrario, “la falta de sensibilidad y de responsabilidad por parte del PSOE que, en vez de exigirles a las administraciones gobernadas por su partido que abonen los fondos que les corresponden en plazo y en tiempo digan que el Consistorio no pida esa línea de crédito”.

Para Muñoz, “si el Equipo de Gobierno no hubiese tomado la decisión que ha tomado, se estaría perjudicando la viabilidad de muchas pequeñas empresas que ya están sufriendo las consecuencias de la crisis y no estamos dispuestos a ello”.

Finalmente, la alcaldesa ha corroborado que la operación deberá quedar cancelada a 31 de diciembre de este año tal y como obliga el Real Decreto aprobado por el Gobierno central, toda vez que las administraciones superiores liquiden sus obligaciones.