Los Defensores del Ciudadano atienden a cerca de 4.000 familias en 2010 por temas relacionados principalmente con la Ley de Dependencia y el desempleo

Los Defensores del Ciudadano de Marbella y San Pedro Alcántara atendieron en 2010 a cerca de 4.000 familias debido, principalmente, a cuestiones relativas a la Ley de Dependencia y al desempleo. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha dado hoy a conocer el Informe Anual, ha destacado el papel que están realizando estas instituciones y que se hace “más necesario si cabe en momentos de crisis económica como el que está atravesando el país”.

La regidora, acompañada por los dos Defensores, Rafael Jiménez de Marbella y Manuel Fernández de San Pedro, ha asegurado que estas instituciones están desempeñando una labor destacada “a la hora del acceso de los ciudadanos a las administraciones públicas como se había propuesto desde el principio el Equipo de Gobierno”.

De las casi 4.000 peticiones atendidas se han derivado un total de 339 reclamaciones, de las que 240 corresponden a la zona de Marbella y 199 a San Pedro. “Desde las distintas delegaciones municipales mantenemos un contacto permanente con los dos Defensores para ofrecer la mejor respuesta a las demandas de los ciudadanos”, ha subrayado Muñoz.

No obstante, las principales reclamaciones que llegan a las oficinas de los Defensores corresponden a otras administraciones supramunicipales, relacionadas sobre todo con las prestaciones sociales y la situación de paro que está sufriendo el país.

“Las prestaciones por la Ley de Dependencia, las pensiones, el acceso a ayudas y subvenciones o la falta de empleo han copado la mayoría de las reclamaciones que han llegado a estas instituciones”, ha indicado la alcaldesa, quien también ha apuntado otros temas que preocupan a los ciudadanos como los retrasos del soterramiento de la A7 a su paso por San Pedro o de la ampliación del Hospital Costa del Sol.

También genera intranquilidad la masificación de los centros sanitarios del municipio, el pago del aparcamiento en el Hospital Comarcal o los problemas relacionados con la situación de la justicia, entre otras cuestiones que recoge el informe.