La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha comparecido hoy al término de la Junta de Gobierno Local para realizar un balance sobre la actividad municipal: “Hemos desarrollado una actividad clara y constante para visualizar la vuelta a la normalidad  porque sabemos que es la mejor garantía para sentar las bases de una legislatura en la que queremos obtener resultados y logros”.

La regidora ha desgranado los datos que “evidencian la apuesta por la normalidad” del Equipo de Gobierno y que en los primeros seis meses de legislatura, se ha traducido en la celebración de un total de once plenos – cinco de carácter ordinario y seis sesiones extraordinarias- y de veinte comisiones informativas previas –Contratación, Bienes y Régimen Interior, Obras y Urbanismo, y Hacienda y Especial de Cuentas-.Muñoz ha destacado que por vez primera se está cumpliendo la periodicidad que marca la Ley y que incluso se ha superado el número de convocatorias estipuladas por la normativa hasta el punto, indicó la alcaldesa, que “celebramos tres plenos en quince días desde la toma de posesión”.

Entre las sesiones de mayor trascendencia, ha señalado la celebrada el pasado 21 de diciembre para la aprobación definitiva del presupuesto municipal y anteriormente la que tuvo lugar el día 19 de julio, fecha en la que el pleno aprobó inicialmente el PGOU cuya fase de exposición pública y alegaciones “ha supuesto un gran esfuerzo por parte de los trabajadores”; en este punto, la regidora ha destacado el proceso de digitalización al que han sido sometidas las 8.537 alegaciones presentadas al nuevo plan urbanístico de las cuales “el 47.30%, prácticamente la mitad, están relacionadas con suelo urbano no consolidado con normalización”.

La alcaldesa ha manifestado al respecto que se “seguirá trabajando mucho y de manera conjunta con el Equipo Redactor del plan para tratar de darle la vuelta al criterio de la Junta de Andalucía” en alusión al proceso de normalización ideado por la administración autonómica que establece un sistema de compensaciones que afecta a los particulares y que se diferencia del  posicionamiento del ejecutivo local que aboga por  “el amparo y la defensa de los intereses de Marbella y los compradores de buena fe”.