El delegado municipal de Urbanismo, Pablo Moro, ha recordado hoy que las políticas de vivienda protegida corresponden al Gobierno central y a la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento “por responsabilidad ha ido más allá de sus competencias al localizar suelo y destinarlo a este tipo de inmuebles”.
El edil ha señalado que la normativa nacional y autonómica del suelo establece que los ayuntamientos creen los registros de demandantes y determinen los métodos de elección de los adjudicatarios. “Sin embargo, el Equipo de Gobierno ha ido más lejos y además ha localizado suelo para la construcción de viviendas protegidas sin estar obligado”, ha apuntado.
En este sentido, ha reclamado al exedil del PSOE y concejal del grupo no adscrito, Javier de Luis, que no confunda a los adjudicatarios y que explique que no es el Ayuntamiento el que establece los precios sino que es la propia ley la que los tasa. Además, ha afirmado que los recortes sociales impulsados por el Gobierno de la Nación el pasado mes de diciembre también han afectado a los compradores de VPP al eliminar las ayudas directas de financiación para efectuar la entrada.