El concejal del ramo, Manuel Cardeña, ha explicado que una vez instada la queja de la asociación, los técnicos del OAL Marbella Solidaria y de la delegación municipal trasladaron un informe al Defensor del Pueblo en el que se informaba, por un lado, que las competencias son de la Junta de Andalucía y, por otro, que el plan diseñado por el Consistorio no provocaba indefensión a los usuarios que, en todo momento, tienen garantizadas las prestaciones.

En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz ha remitido un escrito al Ayuntamiento del que se desprende que, una vez analizados los argumentos de ambas partes, se acuerda archivar el procedimiento, “dejando claro que el Ayuntamiento ha realizado siempre las gestiones oportunas a favor de los usuarios y de las personas con problemas de adicciones y que en ningún momento se ha conculcado derecho alguno ni se ha dejado de garantizar la atención”.