La Primera Teniente de Alcalde y delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Francisca Caracuel, ha lamentado hoy que el Gobierno central, a través de su delegación autonómica, haya rechazado por segunda vez el expediente para colocar cámaras de videovigilancia en Puerto Banús, un proyecto auspiciado por el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) y canalizado  por el Ayuntamiento. 

La responsable municipal ha subrayado que aún no se tiene constancia oficial de la resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía, pero sí se conoce la negativa. En estos momentos, tanto los servicios jurídicos municipales como los del CIT estudian acciones, que podrían pasar por un recurso contra esta decisión.

Caracuel, que ha recordado que la videovigilancia está contemplada en la ley, ha criticado los argumentos utilizados por el Gobierno para denegar la solicitud como que no está acreditado que exista una situación de extrema gravedad o que no se haya producido ningún clamor popular.

“Según el Gobierno, qué debemos esperar a que los niveles de delincuencia e inseguridad alcancen el nivel de máxima gravedad para que se planteen la colocación de cámaras”, ha indicado la delegada de Seguridad Ciudadana, quien también ha rebatido el argumento de que el expediente contemplaba estadísticas de la Policía Local. “Nos vienen a decir que las estadísticas que se acompañan no nos corresponde, porque son tratadas por el Cuerpo Nacional y Guardia Civil. Entonces, ahora que le decimos a los ciudadanos, que no nos llamen cuando tengan problemas”, ha enfatizado la concejala. 

En este sentido, Caracuel ha indicado que desde el cuerpo policial que dirige “no vamos a esperar que se produzca un clamor popular o que la inseguridad llegue a un nivel extremo. Vamos a seguir trabajando y asumiendo funciones que corresponde a la Policía Nacional, pero no nos pueden pedir que la sustituyamos”. 

Además, ha recordado el déficit de agentes nacionales en Marbella y que el Ayuntamiento aprobó en el Pleno de noviembre una moción, con el apoyo de todos los grupos políticos, solicitando que se complete el catálogo de forma urgente y se revise para ampliarlo. “El catálogo contempla 255 agentes, pero de forma efectiva solo hay 182, y teniendo en cuenta la población de Marbella de derecho se debería incrementar por lo menos hasta los 330 efectivos”. También ha denunciado que el Ministerio del Interior dote de 25 agentes en prácticas a la Comisaría “y que no diga que se han ido otros 30”.

Desde el CIT también se ha lamentado la resolución del Gobierno ante la que su presidente, Miguel Gómez, ha mostrado hoy su “sorpresa e indignación”. La patronal marbellí no entiende como desde el Ejecutivo central y desde la Junta se habla de Marbella como una joya turística y sin embargo ni refuerza la plantilla policial ni permite instalar cámaras para mejorar la seguridad de una zona emblemática como Puerto Banús, por donde cada verano pasa más de un millón de personas.

El presidente del CIT ha destacado la labor preventiva de las cámaras de vigilancia, cuya eficacia ya se ha demostrado en otras ciudades, como Londres, donde los índices de delincuencia cayeron un 80 por ciento.