El equipo de Gobierno pospondrá la revisión de las licencias ilegales solicitada por el grupo municipal socialista en una moción presentada esta mañana en sesión plenaria hasta que no se lleve a cabo la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico.

La decisión asume y ratifica el informe elaborado por el vocal de Urbanismo de la Comisión Gestora, Rafael Duarte, con el visto bueno del presidente, Diego Martín Reyes, en enero de 2007 a raíz de los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que informase sobre la ejecución de las primeras sentencias de demolición de las viviendas ilegales. Apelando al principio de proporcionalidad, la gestora decidía esperar a que el PGOU definiera los usos de los suelos sobre los que se ubican estas construcciones para dar cumplimiento a las sentencias.

La concejal delegada de Urbanismo, Alba Echeverría, ha mostrado su rechazo a la revisión “indiscriminada” de licencias -un acto administrativo “cuyo fin es la demolición”-  argumentando que las consecuencias jurídicas derivadas de la declaración de nulidad generarían un incremento “descomunal” de la deuda del Ayuntamiento como responsable económico.

La edil ha recordado que el nuevo planeamiento, redactado por la administración autonómica, “ampara más del 80% de las construcciones ilegales” y ha asegurado que “no tiene sentido” iniciar un proceso que “no reporta ningún beneficio para los ciudadanos”. Asimismo, ha precisado que la responsabilidad penal se busca por la vía judicial a través del delito de ordenación del territorio y no mediante la revisión de licencias que podrían ser finalmente normalizadas, tal y como recoge la propuesta urbanística de la Junta aprobada inicialmente por el Ayuntamiento.