El Pleno del Consistorio marbellí ha acordado hoy interponer un recurso contra la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno en Andalucía de rechazar la instalación del sistema de videovigilancia en Puerto Banús, así como encomendar la redacción del recurso al servicio jurídico municipal.

El proyecto, auspiciado por el CIT y canalizado por el Ayuntamiento, ha sido rechazado en dos ocasiones por la administración Central que en esta ocasión ha argumentado que no existe una situación de extrema gravedad  en los índices de delincuencia y que no se ha producido además una situación de clamor popular.

La delegada de Seguridad Ciudadana, Francisca Caracuel, ha justificado la presentación de la reclamación en que la decisión del Gobierno Central “es injusta y no se ajusta a derecho” puesto que, según la edil, es “preocupante” que al Ministerio de Interior se le olvide que “trabajar en prevención es trabajar en seguridad” tal y como demuestra la experiencia “en grandes ciudades como Málaga y Londres donde los índices de delincuencia han bajado gracias a la eficacia de esta herramienta”.

Asimismo Caracuel ha afirmado que tampoco es de recibo que “quien tiene competencias no nos envíen más efectivos de la Policía Nacional y encima cercenen iniciativas que favorecen la implantación de mecanismos de prevención”.

En la sesión ordinaria celebrada esta mañana, el ejecutivo local ha sacado adelante en solitario la puesta en marcha del denominado “Pacto por Marbella” que incluye tres apartados:

1.    Instar a los Gobiernos Central y Autonómico que surjan tras las próximas elecciones la inclusión de partidas económicas en sus respectivos presupuestos generales  de 2009, destinadas a la financiación de un Plan Extraordinario de inversiones en infraestructuras para  Marbella, dada las circunstancias especiales que concurren en la localidad.

2.    Solicitar a la Junta de Andalucía la elaboración de un estudio que tenga por objeto la investigación y la cuantificación del patrimonio expoliado al municipio como consecuencia de la “Operación Malaya” y que de cabida además a las posibles consideraciones municipales.

3.    Establecer los cauces de participación e información para  garantizar la información a todos los grupos municipales en relación a la marcha y seguimiento del mencionado proceso judicial así como en lo referido a la incautación, expolio y malversación derivados del mismo.

Por último también cabe señalar que el Equipo de Gobierno ha dado luz verde a la aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Marbella. El portavoz, Félix Romero, ha explicado que ahora se abre un período de sugerencias durante el plazo de un mes y ha expresado el deseo de que “el documento definitivo sea consensuado porque se ha redactado en base a criterios de seguridad y seriedad”.

La propuesta, en la que el PSOE  se ha abstenido e IU ha votado en contra, tiene como objetivo “derivar más gestión al pleno y dotarle de los medios suficientes de trabajo”. Entre los aspectos más novedosos Romero ha destacado que “por primera vez  se establece la obligatoriedad de reflejar los acuerdos en la web y la notificación de los mismos en un plazo de diez días a la oposición”.

El documento también contempla la regulación de los grupos municipales, el funcionamiento de los plenos, los estatutos de los miembros de la corporación así como la posibilidad de que movimiento asociativo y particulares tengan voz propia en las sesiones plenarias.