La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha informado hoy que el Ayuntamiento ha recibido ya el último anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2002 y  2006 (hasta abril): “Las conclusiones son demoledoras para los intereses de la ciudad, un atentado  claro en contra del patrimonio de Marbella y por tanto de cada uno de los ciudadanos”.

El primer dato que revela el informe es la existencia de un desequilibrio conjunto de la corporación de al menos 335 millones euros y un déficit de 2.669 euros por habitante -a fecha de 31 de diciembre de 2005-. Una situación irregular que también se repite en la gestión relativa a los ingresos, “no han sabido recaudar, ni generar recursos y han gastado sin ningún control hasta lo que no tenían”, como refleja el que los derechos pendientes de cobros alcanzasen los 203.7 millones de euros de los que 96.9 millones podrían estar prescritos.

En el capítulo de personal, la alcaldesa ha mencionado que el Ayuntamiento, según recoge el documento, contrató temporalmente  trabajadores fuera de plantilla, sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva con base a procedimientos formalmente instituidos. En el año 90 prestaban servicio 763 trabajadores frente a los 3016 que figuran en la plantilla de la organización municipal a 31 de diciembre de 2005.

En este sentido, Muñoz ha subrayado que “se trata de una política radicalmente contraria” a la que está llevando a cabo el Equipo de Gobierno, basada en la “transparencia” y conforme “a concursos públicos, promoción personal y procedimientos acordes con la Ley”; además el Tribunal de Cuentas recuerda “el endeudamiento con Seguridad Social y Hacienda por una política absolutamente errática sin hacer frente a las contraprestaciones que tiene que hacer una administración a la hora de llevar a cabo una contratación”.

La regidora municipal también ha señalado que el órgano fiscalizador es muy crítico con el procedimiento relativo a la contratación de obras y suministros que arroja un perjuicio de 17.4 millones de euros a las arcas municipales y cifra el importe sin justificar en  21.8 millones de euros. Entre las empresas se encuentran Grupo Instaladora, Copasur SL, Moguda SL y Brick 2000 S.A. entre otras.

Así pues, el Tribunal desvela un cúmulo de anomalías como la inexistencia de proyectos técnicos; aprobación en comisión de gobierno de proyectos y presupuestos inexistentes; designación directa de empresas constructoras; ausencia de controles técnicos y financieros así como la aceptación de facturas en las que se consignaban unidades de obra o suministros no ejecutados o por volumen superior a lo realmente ejecutado. Es más, el informe incide en que se registraron aceptación de cargos por unidades de obras a precios superiores a los de mercado y  que la mayoría de pagos se efectuó mediante bienes inmuebles, concentrados en los dos meses anteriores a las elecciones de mayo de 2003.

En cuanto a la rúbrica de convenios, el periodo fiscalizado establece que hasta abril de 2006 se suscribieron al menos 650 acuerdos permuta y urbanísticos de los que 98, pertenecientes al periodo 2000- 2006,  “tuvieron como objeto más habitual la recalificación urbanística de terrenos y la permuta de bienes inmuebles”. Entre las irregularidades detectadas se pude citar que 23 de ellos carecían de valoración; la falta de control de los bienes hasta el punto de que el Ayuntamiento negociase bienes que ya no eran de su propiedad y plusvalías significativas en algunas trasmisiones a favor de los compradores que van desde el 123% en el mismo día de la enajenación hasta casi del 360% generadas en 16 meses.

La alcaldesa se ha referido  en este punto a la conclusión que recoge el informe: la forma empleada de determinar el precio no ajustado a mercado ha causado que en las enajenaciones de parcelas y aprovechamientos urbanísticos fiscalizados se produjeran perjuicios a los intereses municipales de 189.8 millones de euros. “La vía utilizada para esquilmar el patrimonio municipal que ha provocado la actual falta de equipamientos, la falta de suelo para la construcción de viviendas, para disponer de zonas de parques y jardines y en definitiva, todo lo que permitiría a los ciudadanos disponer de mayor calidad de vida”.

Y todo, ha recordado Muñoz, sin la existencia de un registro público de convenios en cuya puesta en funcionamiento ya trabaja el ejecutivo local para dotar de “claridad a la relación entre Ayuntamiento y particulares”.

El servicio de consultoría y otras asistencias también sale a relucir en el análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas que recoge que derivó en relaciones con 125 asesores y consultores y originó un gasto de 14.8 millones, de los cuales  6.4 corresponden a asesoramiento jurídico.

La regidora municipal ha afirmado que el informe refleja la “pésima gestión” de gobiernos anteriores que “hicieron uso de la administración para enriquecimiento propio y de sus amigos y empobrecimiento y endeudamiento de la ciudad”.

Asimismo ha  advertido de la gravedad de la conclusión a la que llega el Tribunal de Cuentas en relación a las fiscalizaciones referentes al periodo 1990- 2006: “El examen de los distintos informes ponen de manifiesto toda una serie de actuaciones dirigidas a crear un sistema  que facilitara la apropiación de fondos públicos caracterizada por la ausencia de una justificación racional de las obligaciones y de los pagos mediante un entramado societario”.

El órgano fiscalizador también sintetiza en sus conclusiones que el Ayuntamiento transfirió 653.7 millones de euros a las sociedades municipales “sin sujetarse a ningún tipo de control” en el transcurso de los 16 años fiscalizados.