La Junta de Gobierno Local celebrada hoy ha aprobado el proyecto del Consejo Social de Marbella, órgano supremo consultivo que, según ha destacado el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, actuará como “un consejo de sabios donde se abordarán los grandes proyectos decisivos y estratégicos de la ciudad”. Un total de 33 miembros compondrán el consejo, “primer paso para la transformación del modelo de gestión municipal”, al que seguirá con posterioridad la regulación de los distritos.
Entre sus futuros integrantes, ha destacado, además de la figura de la presidencia, que recaerá en la alcaldesa, Ángeles Muñoz, la presencia de representantes de todos los estamentos sociales, como asociaciones vecinales, culturales, educativas, crediticias, sindicales “o de los grupos políticos en proporción a su representación en el Ayuntamiento”. “Se configurará como una esfera pública de discusión sobre la ciudad” ha subrayado, al tiempo que ha destacado que “contribuirá a la edificación de alternativas de futuro para la ciudad”.
Romero ha indicado que la regidora trasladó ayer en una reunión con los portavoces de los partidos políticos los pormenores del funcionamiento del Consejo Social y que se ha abierto un periodo de consultas con la oposición para que puedan aportar sugerencias. El documento pasará por comisión plenaria y se someterá a su aprobación inicial en el pleno ordinario del mes de mayo. “Posteriormente se abrirá un plazo para que los vecinos puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas”, ha indicado.
Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha renovado su compromiso con los colectivos más desfavorecidos con la firma de un nuevo convenio de ayuda a las familias en situación de exclusión social. El portavoz del equipo de gobierno ha informado de que la prórroga del acuerdo supondrá un desembolso para las arcas municipales de 60.000 euros, frente a los 18.300 euros que aporta el Gobierno andaluz.
“El apoyo del Ejecutivo autonómico no es suficiente. Apenas ha incrementado la partida desde el año 97, fecha en que se firmó por primera vez el convenio. Entonces aportó 18.000 euros”, ha censurado Romero, quien ha destacado que, por el contrario, el Ayuntamiento destina solo para el convenio 21.000 euros y suma 39.000 euros más para poder dar servicio a todas las unidades familiares con menores a su cargo que carecen de recursos suficientes.
Según ha especificado, en los casos confluyen indicadores de riesgo, necesidades básicas del menor sin cubrir, falta de recursos económicos, que la familia haya solicitado una ayuda y que se vislumbre en el pronóstico una resolución del problema. “Para situaciones más complicadas hay otros instrumentos”, ha añadido.