La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado en su reunión semanal el inicio de las acciones judiciales pertinentes ante la decisión “injusta y arbitraria” de la Junta de Andalucía de retener las Participaciones en los Ingresos del Estado (PIE) que corresponden a la ciudad.

El portavoz municipal, Félix Romero, ha anunciado que el Equipo de Gobierno presentará hoy un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Málaga para que los fondos retenidos a Marbella por parte del Gobierno autonómico se devuelvan de forma inmediata.

El concejal ha recordado que la decisión de la Junta es muy perjudicial para los intereses del Ayuntamiento, de la plantilla municipal y de la ciudad, y que se ha tomado de forma unilateral, sin que el Ayuntamiento haya recibido ninguna notificación ni resolución sobre la misma.

“Ante el desprecio absoluto de la Junta con las necesidades de esta ciudad nos hemos visto obligados a presentar un recurso aunque desde el Ayuntamiento seguimos abierto a cualquier tipo de entendimiento para que devuelvan a Marbella lo que es suyo”, ha manifestado.

El recurso que presentará el Ayuntamiento pone de manifiesto en primer lugar que “estamos ante una vía de hecho que no tiene ningún soporte jurídico” y en el que la Junta de Andalucía ya ha incurrido en dos ocasiones en las que los tribunales dieron la razón a las administraciones afectadas.

En concreto, la Justicia dio la razón tanto al Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe (Sevilla) como a la Diputación de Granada por la retención de fondos por parte de la administración autonómica que correspondían a las instituciones locales.

“Uno de los argumentos que se pusieron de manifiesto en el caso de Mairena, y que ponemos de relieve también en nuestro recurso, es el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de la Ley de Autonomía Local que establece que en estos supuestos de bloque de fondos es obligatorio dar audiencia a la administración afectada, extremo que en nuestro caso no se ha producido al igual que tampoco hemos recibido resolución alguna sobre la decisión”, ha señalado Romero.

El escrito también refleja la “complejísima situación financiera del Ayuntamiento y la necesidad de no sufrir ningún menoscabo en los ingresos regulares para que ninguno de los vencimientos que tenemos pueda verse afectado”.

Asimismo, hace constar que las deudas tributarias contraídas por parte de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Marbella, según la jurisprudencia, tienen ejecutividad inmediata de tal manera que “nosotros estaríamos liquidando las aportaciones que tenemos que realizar por el anticipo reintegrable hasta marzo de 2013”.

El recurso municipal solicita al tribunal una tramitación urgente del asunto, que si se estima puede tener un plazo de dos días, para que ordene a la Dirección General de la Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía la liberalización de los fondos que corresponden a la ciudad.

Por otro lado, el Gobierno municipal ha dado luz verde, entre otras medidas, a una batería de actuaciones en materia de seguridad vial que mejorará las calles Valle Inclán, Quevedo y Las Violetas de Nueva Andalucía y que forman parte del Programa de Movilidad que está llevando a cabo el Ayuntamiento.

Las actuaciones previstas en la calle Valle Inclán contemplan una jerarquía funcional en la que se prioriza a los peatones, seguidos de los estacionamientos, el transporte colectivo y el tráfico ligero. Para ello, se reducirá un 20 por ciento la velocidad media a través de elementos de calmado de tráfico y de la ampliación de los pasos de peatones.

En la intersección de las calles Quevedo, Valle Inclán y las entradas de los dos polígonos industriales se priorizará el tráfico ligero, los circuitos peatonales, las nuevas zonas de estacionamiento y se aumentará la capacidad y la fluidez de las vías con una nueva configuración de las isletas y rotondas.

Por último, en la calle Las Violetas se ordenará el vial paralelo al hotel existente para mejorar el estacionamiento de clientes, servicios públicos y otros conductores que puedan demandar aparcamiento, primando la seguridad y fluidez de la circulación.