La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha anunciado hoy una ronda de contactos con la plantilla municipal, vecinos y colectivos de la ciudad para explicar las consecuencias del bloqueo que mantiene la Junta de Andalucía a las transferencias del Estado que corresponden a Marbella.

 

La regidora, que ha mantenido este mediodía un encuentro con los capataces de los Servicios Operativos, ha afirmado que la decisión “injusta, unilateral y arbitraria” del Gobierno andaluz “pone en riesgo la viabilidad no solo de las nóminas municipales sino también de los servicios públicos”.

 

En este sentido, la primera edil mantendrá diversas reuniones con parte del personal municipal, representantes vecinales y ciudadanos “para explicar la situación generada por la retención de los fondos que son de Marbella y, con la documentación en la mano, dar a conocer los pasos que ha dado hasta la fecha el Ayuntamiento sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la Junta”.

 

Tal es así que hasta el momento el Gobierno autonómico no ha trasladado al Ayuntamiento resolución alguna sobre la medida y tampoco ha contestado a los múltiples requerimientos que ha formulado el Consistorio al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a su vicepresidente, Diego Valderas, y a la propia Consejería andaluza.

 

Muñoz ha indicado que la única salida es “sentarse a negociar” un acuerdo similar al que se ha alcanzado con el Gobierno central para el pago de la Seguridad Social y Hacienda con el objetivo de pactar unas condiciones que “no hagan inviable y asfixien a la ciudad”.

 

Ha recordado que el Ayuntamiento es consciente de que “nadie le va a perdonar nada” pero es necesario un acuerdo que pueda asumir el Consistorio para el pago del anticipo reintegrable que fue aprobado durante el mandato de la Comisión Gestora y que fue gastado en ese mismo periodo, “una vez que la Junta reconoció que había dejado de invertir en la ciudad la misma cantidad de 100 millones de euros que prestó a Marbella”.

 

“La decisión de la Junta no es una medida que vaya en contra del Equipo de Gobierno sino que es una medida que va en contra de la viabilidad de la propia ciudad”, ha asegurado la primera edil.