La Junta de Gobierno Local ha dado cuenta hoy de 15 resoluciones judiciales en las que los tribunales dan la razón al Ayuntamiento en su defensa de los intereses municipales. Así lo ha explicado el portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, quien ha señalado que “demuestran que las cosas se están haciendo bien desde el Ejecutivo local”.
El concejal ha recordado que “como consecuencia de la situación vivida en el pasado el Ayuntamiento se ha visto inmerso en una litigiosidad muy amplia” frente a lo que el Equipo de Gobierno “se ha aplicado totalmente” para restaurar y salvaguardar el patrimonio municipal.
“La obtención de 30 millones de euros en bienes como consecuencia de la ejecución de la sentencia del ‘caso Saqueo I’ que anunció la semana pasada la alcaldesa, Ángeles Muñoz, es un ejemplo de ello”, ha subrayado.
Romero ha destacado que, de entre las quince resoluciones judiciales favorables, algunas adquieren especial relevancia por “la aplicación futura de sus planteamientos y por el respaldo a las actuaciones del Equipo de Gobierno”.
Una de las sentencias da la razón al Ayuntamiento frente al recurso de un despacho de abogados, que reclamaba que un antiguo miembro del Equipo de Gobierno del GIL y el Ayuntamiento abonaran solidariamente los honorarios por su defensa en distintos procedimientos.
“Es muy importante que tengamos un resolución judicial que diga que el importe deberá asumirlo el particular y no el Ayuntamiento, teniendo en cuenta el elevado número de antiguos gestores municipales que están inmersos en procedimientos judiciales”, ha subrayado.
El portavoz ha informado también de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por la Junta contra el acuerdo del Ayuntamiento por el que se realizaba una compensación de cuotas del anticipo reintegrable otorgado a la Comisión Gestora con las deudas tributarias que el Gobierno andaluz tiene con el Consistorio, por valor de 9.528.000 euros.
Romero ha recordado que la Junta pidió la suspensión del acuerdo y que además retuvo a Marbella los 1,72 millones de euros de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). “El TSJA ya dio la razón al Ayuntamiento y ordenó la devolución de las transferencias estatales y ahora también determina que no ha lugar a la suspensión del acuerdo”, ha afirmado.
Además, ha incidido en que el TSJA “ha entendido que hay un principio de buen derecho y de buena fe en la pretensión del Ayuntamiento, que ha quedado respaldado con esa desestimación”, lo que evidencia “hasta qué punto se está cumpliendo la ley y se están adoptando las medidas correctas”.
Otra de las sentencias abordadas en la Junta de Gobierno Local ordena la devolución al Ayuntamiento de 313.722,16 euros “que nunca debieron haber sido embargados de las cuentas municipales”. Se trata de una reclamación de un particular “que obtuvo el embargo de las cuentas del Ayuntamiento, lo que infringe la legislación administrativa porque los bienes públicos son inembargables”.
“Se ha defendido ese derecho ante los tribunales para conseguir que aquí se aplique la legislación administrativa, como ocurre en otros municipios, y se ha conseguido sentar un precedente para que los recursos dedicados al servicio público sean respetados”, ha precisado.
Por último, ha aludido a dos litigios laborales. El TSJA ha avalado el despido del exconcejal del GIL Carlos Marín, que pretendía mantener su puesto de trabajo en la sociedad Gerencia de Obras y Servicios Marbella SL. Por otra parte, la justicia ha desestimado el recurso de M. A. O., ex jefe de gabinete de la Alcaldía con equipos de gobiernos anteriores, entendiendo que su despido también se hizo conforme a ley.