El Ayuntamiento de Marbella ha subrayado que las contrataciones cumplen los requerimientos que marca la Ley de Administraciones Públicas y que incluso se “autoimpone” más restricciones que las que marca la normativa a fin de garantizar mayor transparencia y competitividad económica.
El portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, ha explicado que la ley contempla la posibilidad de adjudicar directamente un proyecto de obra y servicio cuando la cuantía del mismo no supera los 12.000 euros; aún así, ha recordado el segundo teniente de alcalde, el Ayuntamiento solicitó tres propuestas a gabinetes de arquitectura para adjudicar la redacción del proyecto del estudio de viabilidad del parking de la Plaza de Istán (San Pedro Alcántara).
Así pues, ha precisado que entre las tres empresas que concurrieron, la Junta de Gobierno dio el visto bueno a la propuesta de CAI Consultores Ingeniería S.A. cuyo coste asciende a 11.500 euros, a diferencia de los 11.800 euros de la empresa Alba Arquitectos y los 11.900 euros de Ruiz-Constantino Arquitectos S.L.
Romero ha recordado que la adjudicación de la citada empresa se dio a conocer a los medios de comunicación una vez que fue aprobado en Junta de Gobierno Local. En este sentido, ha indicado que el hecho de que Luis Cepedano, que ejerció del vocal en la Comisión Gestora durante dos meses, sea uno de los consejeros de la adjudicataria no puede ser motivo para que el Ayuntamiento rechace la propuesta que resulta más beneficiosa económicamente para las arcas municipales cuando además, ha reiterado Romero, se ha procedido a la solicitud de tres propuestas aún no siendo obligatorio por ley.
En otro orden de cosas, el portavoz del Gobierno municipal se ha referido a las críticas vertidas desde el PSOE en relación a la concesión de la licencia de obras a la empresa Azata para el centro comercial Oasis.
Romero ha calificado de “curioso” el posicionamiento del grupo municipal del Partido Socialista que, durante la etapa de la Comisión Gestora y con el socialista Rafael Duarte como responsable de Urbanismo, defendió la designación de una superficie de 5.800 m2 de uso comercial puro.
La diferencia estriba ahora, ha puntualizado Romero, en que el proyecto aprobado ha sido reformado, de modo que se ha reducido el mencionado uso a 1865 m2 “prácticamente la tercera parte de lo que quería el PSOE” y se sitúa por debajo por tanto del máximo que establece la Ley de Grandes Superficies (2500 metros cuadrados).