El delegado de Bienestar Social, Manuel Cardeña, ha denunciado hoy que la Junta de Andalucía “no considera prioritario” el mantenimiento de los servicios sociales, donde ha recortado más de 350.000 euros que ha tenido que asumir el Ayuntamiento pese a no ser programas de competencia municipal.
“Los recortes del Gobierno andaluz han hecho que el Consistorio esté sosteniendo prestaciones, ayudas y asesoramiento”, ha precisado el edil, quien ha recordado además que el Ayuntamiento atiende competencias impropias, por lo que está asumiendo en total más de 600.000 euros que le corresponden a la Junta de Andalucía.
Cardeña ha lamentado que “no sean una prioridad para la Junta los mayores, las ayudas económicas familiares, los programas de inmigración o el personal de refuerzo para la dependencia” pese a que el Estado ya ha transferido al Ejecutivo andaluz en torno a 600 millones de euros para la Ley de Dependencia y está partidas las partidas de los fondos económicos.
Frente a esta situación, ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento “está dando la cara por los servicios sociales y por los usuarios porque ha dejado claro que son una prioridad incluso asumiendo competencias que no son municipales”.
Entre los recortes que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía, el concejal de Bienestar Social ha informado de que ha reducido de 204.000 euros a 105.000 euros la aportación para el personal de refuerzo de la Ley de Dependencia y de que ha suprimido los 60.000 euros destinados para talleres y mantenimiento de centros de mayores.
Igualmente el Gobierno andaluz ha reducido de 80.000 a 22.000 euros el presupuesto para los programas de actuación en zonas de transformación social, con las que el Ayuntamiento mantiene su compromiso presupuestario, y ha disminuido en 44.000 euros la partida para información y atención básica a inmigrantes.
El concejal ha puesto el acento además en que desde hace diez años el Gobierno andaluz tiene congelada su aportación, que asciende a 18.000 euros, para las ayudas económicas familiares, sin atender al aumento de la población, y ha recordado la negativa a financiar una casa de acogida para mujeres.
También ha indicado que el convenio para los centros de adicciones ha pasado de ser anual a trimestral, con una aportación de 17.000 euros cada tres meses “y sin garantías de renovación, cuando se trata de una competencia autonómica que llevamos años asumiendo”.
Por último, ha censurado que la Junta no aporte “ni un euro para el programa del consejo de la comunidad gitana” y que “asfixie” a asociaciones como Aspandem o la Fundación Tutelar con sus impagos y que haya eliminado el intérprete a la Asociación de Sordos de Marbella y San Pedro Alcántara.