El coordinador general de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, ha explicado que “en aras de la transparencia y cortesía con los afectados”, el ayuntamiento contestará “a toda y cada una de las alegaciones” para evitar que, aunque no sea obligatorio por ley, tengan que esperar a la aprobación provisional del PGOU para obtener una respuesta a sus demandas.

Rañada ha precisado que la casuística de esta primera tanda de alegaciones es “muy variopinta”  aunque en su mayoría aluden a cuestiones relativas a las áreas de “suelo no urbanizable, suelo urbanizable, suelo urbano consolidado y las ambientales que ya se han remitido a la Junta”.

Asimismo ha argumentado que se ha optado por contestar en primer lugar las alegaciones “de menor entidad por cuestión de economía procesal” y así conseguir que “el trabajo empiece a rendir y podamos ganar en tiempo y en eficacia”; de modo que, simultáneamente, se pueda proceder a la búsqueda de “la información adicional” referida a los 900 convenios urbanísticos localizados por la administración local y que tendrán que ser analizados en detalle tanto por los Servicios Urbanísticos como por el Equipo Redactor.

Y es que, ha recordado Rañada, habrá que recabar datos sobre aspectos  como “su compatibilidad con el Plan de 1986 y valorarlo con respecto al nuevo planeamiento, averiguar si se llegaron a materializar o no, así como las prestaciones que contemplaban” ya que “a priori las alegaciones que pueden resultar más conflictivas son las relativas al área de regularización”.

El coordinador general de Urbanismo ha destacado que desde la delegación municipal de Urbanismo se ha dado respuesta a las alegaciones “de acuerdo con el Equipo Redactor con quien nos reunimos permanentemente” con el que, según ha resaltado el responsable general de Urbanismo, existe una buena sintonía de colaboración.

En este sentido ha señalado que está “previsto que a principios del próximo mes intensifiquemos aún más el ritmo de trabajo con el objetivo de que cumplamos los plazos de lo que consideramos un reto ambicioso y complicado porque mantenemos el propósito de que la aprobación provisional del PGOU sea posible este verano y así dotar cuanto antes de los equipamientos necesarios a la ciudad”; en la actualidad, especificó Rañada, las  mesas de trabajo (Infraestructuras y Servicios; Normativa; Usos y Alegaciones) se reúnen con una periodicidad semanal.

En total, cabe recordar, se han presentado 8537 alegaciones que han sido sometidas en su totalidad a un proceso de digitalización y clasificación para que el  manejo y la identificación de las mismas resulte más cómodo y rápido.

Por otra parte, la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, a pregunta de los periodistas, ha reiterado el posicionamiento del Equipo de Gobierno sobre las críticas vertidas por el grupo municipal socialista en relación a la gestión urbanística.

Echeverría las ha calificado de “sorprendentes” sobre todo porque parecen estar empeñados en que “la ciudad se paralice absolutamente y que no se pueda hacer nada”; es más, a su juicio las declaraciones del PSOE resultan “gratuitas” dado que no “tienen porqué preocuparse ya que se cumple la legalidad a rajatabla y  no se está produciendo ninguna discrepancia”  en la concesión de licencias, tal y como tiene conocimiento además el propio  Equipo Redactor.

La concejala del ramo también ha querido llamar la atención sobre el hecho de que el PSOE “nos pida ahora” la delimitación de las zonas en las que no deben concederse licencias, “cuando ya hicimos este requerimiento a la Junta en su momento (tras la devolución de las competencias urbanísticas) y nos dijeron que no era necesario.”

A que viene ahora –se pregunta la delegada- , si la Junta no lo hizo cuando tenía las competencias y ya han pasado nueve meses desde la aprobación inicial y estamos a tres meses vista de la aprobación provisional del plan”.