El Ayuntamiento ha propuesto a la U.T.E. (Unión Temporal de Empresas) Gaona Abogados S.L. y Peláez y Camas Abogados S.L. y al despacho Jiménez y Davó Abogados como adjudicatarios del concurso público para la contratación de su asesoramiento legal. Ambas ofertas se han ajustado al presupuesto de licitación establecido en 432.000 euros y, según ha señalado el portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, “son las mejores entidades para que los intereses de la ciudad estén correctamente defendidos en los tribunales”.
La primera firma ha sido elegida para hacerse cargo de tres de las cuatro áreas jurídicas en las que se divide el procedimiento (Penal; Civil, Mercantil y Tribunal de Cuentas, y Contencioso-Administrativo y Constitucional) y la segunda ha sido la oferta más favorable en el área de Laboral. Un total de nueve licitadores han concurrido al concurso y contarán con un plazo de dos días para presentar alegaciones a la propuesta antes de que sea aprobada en la próxima Junta de Gobierno Local por un periodo inicial de dos años prorrogables.
Una vez formalizada la contratación se abrirá un “periodo transitorio” que, según el portavoz, se prolongará entre dos y tres meses en el que se llevará a cabo la revisión de procedimientos, personaciones e instrucción de los nuevos letrados para hacer efectivo “un traspaso de poderes” entre los asesores legales actuales y las entidades que han superado el proceso de contratación.
Romero ha explicado que la UTE formada por Gaona Abogados y Peláez y Camas Abogados ha sido especialmente valorada por su práctica común de colaboración con la universidad, el Colegio de Abogados y otros colegios profesionales, una circunstancia que, según ha precisado, “garantiza el nivel técnico de estos despachos y avala la elección”.
La firma Gaona Abogados se distingue además por tener una actividad profesional muy diversificada que incluye la defensa legal de empresas privadas y particulares, entidades financieras y diversas administraciones públicas, una calidad certificada desde el pasado año por el ISO 9001-200 para las actividades de asesoramiento y representación jurídica. Por su parte, el despacho Jiménez y Davó Abogados ha ofrecido asesoramiento legal al propio Consistorio en materia laboral y ha prestado sus servicios jurídicos al Ayuntamiento de Málaga.
El portavoz del Ejecutivo local ha precisado que la actividad que desarrollarán estos despachos engloba “cualquier procedimiento dentro de los ámbitos jurisdiccionales establecidos en los que el Ayuntamiento tenga la intención de ejercer una acción legal o defenderse de un contrario” y ha mostrado su satisfacción por el prestigio de los licitadores que han concurrido a un concurso en el que, como ha indicado, “el coste del servicio era modesto debido a la escasez de recursos de las arcas municipales”.