El Ayuntamiento de Marbella, a través del área de Servicios Jurídicos, continúa adelante con la batería de medidas judiciales para recuperar todos los bienes de los que fue privado de forma ilícita durante anteriores Corporaciones.

El portavoz municipal, Félix Romero, y el responsable de Servicios Jurídicos, Enrique Sánchez, han dado cuenta hoy de las últimas gestiones en materia judicial del Ayuntamiento, principalmente relacionadas con procedimientos de reintegro por alcance contable.

Además, han informado de una reciente sentencia que demuestra como la número 1 del Partido Socialista en las elecciones de 2003, Isabel García Marcos, y el concejal también de esta formación José Jaén “se dedicaron a cobrar comisiones para garantizar el éxito de proyectos”.

“Esta sentencia declara como hechos probados y también confirmados por los propios condenados cómo funcionó la corrupción en esta ciudad y cómo se concertaron entre sí para conseguir unos rendimientos económicos de terceros prevaleciéndose de su condición de autoridad municipal”, ha declarado.

El fallo señala que los condenados “se ofrecían ante empresarios que se relacionaban con el Ayuntamiento para realizar una actividad de asesoramiento y de mediación, gestionando sus necesidades y garantizando sus pretensiones a cambio de una retribución económica”.

Además, concluye que García Marcos y Jaén “garantizaban el éxito de los proyectos encomendándose precisamente a su privilegiada posición en el ente municipal”.

La sentencia especifica que los servicios eran muy diversos y variados, abarcando desde la redacción de escritos dirigidos al Ayuntamiento y a otras administraciones, a otros como recabar información sobre la configuración urbanística de los terrenos, gestionar modificaciones urbanísticas, rescatar concesiones administrativas, elaborar proyectos de construcción e incluso participar en la venta de parcelas o inmuebles edificados.

Condena a una multa de 12.000 euros a García Marcos y a Jaén como autores penales por delito de asesoramiento ilícito y otro de cohecho pasivo. También han sido inhabilitados para empleo público o cargo electo.

En este sentido, Romero ha recordado que García Marcos presta sus servicios en la Junta de Andalucía “por lo que vamos a ver cómo el PSOE ejecuta esta sentencia que afecta directamente a la que fue número 1 de sus listas en todas las elecciones desde 1991 a 2003”.

En relación a los procedimientos por alcance contable, entre los escritos que ha presentado el Consistorio se encuentra uno fechado el 17 de enero en el que se manifiesta la oposición municipal a la concesión del beneficio de suspensión de la ejecución de penas impuestas solicitada por Julián Muñoz en el ‘Caso Malaya’.

“El Ayuntamiento ya se opuso en su día a la petición de indulto pero ante la existencia de responsabilidades económica pendientes de abono por parte del condenado, nos hemos opuesto también a la concesión del beneficio de suspensión de la ejecución de penas al condenado”, ha manifestado.

Por otro lado, en relación al procedimiento de reintegro por alcance contable número A21/04 en el que existe una responsabilidad a favor del Ayuntamiento de 100 millones de euros, el Consistorio se ha opuesto a unas alegaciones presentadas por Pedro Román en la que se oponía a la ejecución provisional de la sentencia.

En este procedimiento también existen interpuestos algunos recursos de casación, de los cuales los presentados por los herederos de Jesús Gil han sido archivados por parte del Tribunal Supremo.

En el procedimiento B98/13 se ha solicitado una aclaración de un auto dictado por la magistrada del Tribunal de Cuentas para que quede claro por parte del órgano judicial que el resultado del embargo preventivo solicitado en el mismo deberá de ser liquidado con carácter previo al Ayuntamiento que al Estado.

También se han presentado dos escritos en el procedimiento B73/11 para solicitar la ejecución de la sentencia y que se proceda la liquidación de los intereses devengados además de para reclamar las costas de esta instrucción.

El Ayuntamiento ha presentado, por otro lado, un escrito con fecha de 31 de enero para que se trabe embargo sobre el importe de 8.000 euros que fue decomisado por la Audiencia provincial al exconcejal Tomás Reñones en el ‘Caso Malaya’ y pueda hacer frente como condenado al procedimiento de reintegro A13/07.