La institución andaluza, en el escrito dirigido al Ayuntamiento de Marbella, expone que se ha procedido al cierre del expediente de queja, "toda vez que en el informe emitido por la corporación no se aprecia irregularidad en relación a los hechos que motivan la queja del interesado", en alusión al portavoz municipal de IU, Enrique Monterroso.

La delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Mª Francisca Caracuel,  ha valorado positivamente  la determinación adoptada por el Defensor del Pueblo Andaluz ya que “corrobora la legalidad y la corrección de la medidas emprendidas por la delegación con el objetivo de atajar un fenómeno que genera importantes perjuicios económicos y sociales”.

Caracuel ha calificado de “inapropiada e injusta” la actitud del edil de IU a “quien le entraron las prisas sin pararse a reflexionar sobre las consecuencias de lanzar unas  acusaciones sin consistencia” y que sin embargo “no se ha dignado siquiera a contestar el informe municipal que con posterioridad le fue remitido a través del propio Defensor”.

Y es que, el escrito de contestación de Chamizo se recoge literalmente que “habiendo transcurrido con exceso el plazo conferido para ello al interesado, sin haber obtenido respuesta alguna por su parte, entendemos que ya no precisa de nuestra intervención en el asunto planteado”.

La responsable municipal del ramo ha recordado en este sentido que “la tolerancia cero” contra la venta ambulante ilegal obedece simplemente al cumplimiento de la legalidad puesto dicha práctica viene tipificada como delito en el Código Penal.

Asimismo ha destacado que el problema de la venta ambulante ilegal ocasiona perjuicios muy graves para el  pequeño y mediano comercio ya que supone “competencia desleal” y  que, a su vez,  atenta contra la propiedad intelectual y los derechos de los consumidores, “induciéndoles al fraude” y a la compra de productos “falsificados y de ínfima calidad”.