El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, ha afirmado hoy que el informe desfavorable de la Junta de Andalucía a la modificación de elementos aprobada por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2013 para facilitar la construcción de la residencia de mayores de Trapiche del Prado “no tiene rigor técnico ni jurídico” y supone “una nueva traba al proyecto por parte del Gobierno autonómico”.
Moro ha subrayado que “la Junta de Andalucía no ha hecho nada desde que en el año 1992 se llevara a cabo la donación del Trapiche del Prado por parte de la familia Álvarez, a pesar de ser la administración competente para construir residencias de mayores y gestionarlas, y una vez más vuelve a obstaculizar la actuación cuando el Ayuntamiento decide retomarla”.
Ha explicado que el PGOU aprobado en 2010 “no permite construir en toda la parcela, a pesar de que el 80% del suelo está libre” por lo que el Equipo de Gobierno impulsó una modificación puntual de elementos en aquellas ubicaciones que tenían un nivel 2 de protección “para poder sacar adelante la obra de la residencia, dando cumplimiento a las condiciones que se establecían en la cesión gratuita por parte de la familia Álvarez”.
El edil ha indicado que “lo primero que hizo el Ayuntamiento fue mantener una reunión con la Dirección General de Urbanismo en Sevilla, que respaldó nuestro planteamiento tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, por lo que, con la bendición de la Junta, llevamos adelante la aprobación inicial de la modificación de elementos en pleno”.
Ha especificado que “tras esta aprobación, era necesario pedir un informe preceptivo y vinculante a la Delegación Provincial de Cultura en Málaga que, para nuestra sorpresa, ha sido desfavorable argumentando que permitir las obras de nueva planta en edificación exenta en parcelas de titularidad o uso público en la que se ubique el inmueble con protección parcial no se considera adecuado al rebajar la protección del elemento catalogado hasta niveles inadmisibles”.
Moro ha señalado que el informe “es un juicio de valor que, además, está firmado por la propia delegada provincial de Cultura, Patricia Alba, algo que resulta llamativo porque los políticos no suelen firmar los informes sino los técnicos”. Asimismo, ha indicado que “esta decisión de la Junta complica la posibilidad de sacar adelante la obra de la residencia de mayores porque ninguna empresa va a acometer la restauración del edificio histórico del Trapiche del Prado sin poder darle ningún otro uso a la parcela”.
En el mismo sentido, ha recordado que la escritura de la donación gratuita del Trapiche del Prado al Ayuntamiento por parte de la familia Álvarez “establecía como condiciones la restauración del edificio histórico para que se destinase a centro social de una residencia de mayores y que se construyeran las dependencias anexas en los terrenos circundantes” y ha especificado que “de no cumplir esta condiciones, se devolvería el edificio histórico y el suelo a la familia”.
Moro ha subrayado que “ante la pasividad de la Junta, fue este Equipo de Gobierno el que dio un paso al frente en el año 2008 y sacó el concurso para llevar a cabo la obra”. Ha especificado que la actuación “se adjudicó a Sanyres, pero la entrada en concurso de acreedores de esta empresa impidió que pudiera acometer el proyecto, al igual que el resto de licitadores a los que también se lo ofreció el Ayuntamiento, que tampoco pudieron asumirlo por falta de financiación”.
Moro ha subrayado que “el Ayuntamiento ha retomado la idea al mejorar la situación económica y ante la aparición de inversores interesados en el proyecto, pero la Junta de Andalucía vuelve a obstaculizarlo”.
Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno autonómico haya incorporado el Trapiche del Prado en el Catálogo General del Patrimonio “sin habérselo comunicado al Ayuntamiento y tan solo 25 días después de que el 31 de mayor de 2013 se aprobara la modificación de elementos en pleno”, por lo que ha calificado la acción de “deslealtad institucional”.
El edil ha subrayado que “esta decisión dificulta aún más la actuación porque se eleva la protección del nivel 2 al 1 y resulta especialmente curiosa porque el Ayuntamiento ha pedido hasta en tres ocasiones que se declare Bien de Interés Cultural al edificio sin que la Junta lo haya respaldado”.
Moro ha avanzado que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, mantendrá una reunión en las próximas semanas con los herederos de la familia Álvarez “para explicarles la situación en la que se encuentra el proyecto en estos momentos” y ha indicado que el Ayuntamiento “estudiará qué otras posibilidades quedan para poder llevarlo a cabo y cumplir con los condicionantes que fijaba la cesión”.