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El Equipo de Gobierno asegura que la propuesta de IU para crear destacamentos de la Policía Local en Nueva Andalucía y Las Chapas “no es viable”

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El portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, ha asegurado hoy en respuesta a una propuesta de IU de crear sendos destacamentos de la Policía Local en Nueva Andalucía y Las Chapas que se trata de una medida “inviable”.

Romero, quien ha insistido en que para el Equipo de Gobierno la seguridad es máxima prioridad y que se trabaja de forma continua en mejorar los índices en esta materia, ha explicado que tal y como ha planteado la moción el Grupo de Izquierda Unida “supondría destinar el 70 por ciento de la plantilla actual a estos dos núcleos”. Por ello, considera que “no tiene justificación”.

Para plantear iniciativas de este calado, ha apuntado el portavoz, “hay que tener conocimiento de causa, criterios de responsabilidad y presentar propuestas viables. El Ayuntamiento tiene los recursos que tiene y se gestionan de la forma más inteligente posible”.

También ha recordado, ante las manifestaciones de Izquierda Unida, que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha desestimado la denuncia planteada por este grupo municipal de IU en relación a la venta ambulante ilegal.

En este sentido, la institución andaluza, en el escrito dirigido al Ayuntamiento de Marbella, expone que se ha procedido al cierre del expediente de queja, "toda vez que en el informe emitido por la corporación no se aprecia irregularidad en relación a los hechos que motivan la queja del interesado", en alusión al portavoz municipal de IU, Enrique Monterroso.

Ha insistido que “la tolerancia cero” contra la venta ambulante ilegal obedece simplemente al cumplimiento de la legalidad puesto dicha práctica viene tipificada como delito en el Código Penal.

Asimismo, ha destacado que el problema de la venta ambulante ilegal ocasiona perjuicios muy graves para el  pequeño y mediano comercio ya que supone “competencia desleal” y  que, a su vez,  atenta contra la propiedad intelectual y los derechos de los consumidores, “induciéndoles al fraude” y a la compra de productos “falsificados y de ínfima calidad”.