La Escuela Municipal de Seguridad de la Policía local de Marbella ha celebrado hoy en el Palacio de Congresos un Curso sobre “Protección de Propiedad Industrial e Intelectual” que ha congregado a un total de 60 participantes y a prestigiosos expertos en la materia como el Fiscal del TSJA, Francisco Hernández, y el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada, Guillermo Orozco, entre otros.

La delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Mª Francisca Caracuel, quien ha inaugurado el curso esta mañana, ha destacado la importancia de la jornada al tratarse de una iniciativa novedosa en el municipio. Sobre todo, ha resaltado la concejala, porque la piratería es un delito que debe afrontarse desde los “diferentes frentes” que alcanza una práctica que afecta a consumidores, pequeños y medianos comercios, policía y mundo de la judicatura.

En este sentido ha destacado “la altura profesional y la especificidad” del grueso de las materias que se han abordado en el curso, tales como “Acción de la ley en la práctica”; “El delito contra la propiedad industrial y su tratamiento policial”; “Protección de la propiedad industrial. Un esquema práctico” y “Perspectiva del consumidor y la pequeña y mediana empresa”; en relación a este último apartado cabe destacar la presencia de asociaciones de profesionales, empresarios y comerciantes de la ciudad como Apymen, Apymespa y CIT.
    
Caracuel ha aprovechado su intervención, durante el acto inaugural, para poner el acento en la necesidad de que las administraciones competentes en la materia asuman el compromiso de “implicarse e incrementar la dotación de recursos policiales y judiciales para luchar contra el origen de un delito que escapa al control de la administración local, a la que tan sólo le queda la posibilidad de detectar el último eslabón” de un delito que se materializa a través de la venta ambulante ilegal.      

En este sentido, ha recordado que se trata de una práctica ilegal con efectos colaterales muy perjudiciales para las pymes por “la competencia desleal que supone” y los propios consumidores que “incluso pueden ver dañada su salud con productos falsificados y de ínfima calidad”.