El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación municipal de Comercio y en colaboración con Seguridad Ciudadana, ha puesto en marcha en colaboración con la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual una campaña informativa contra la venta ambulante ilegal.
La responsable municipal de Comercio, Alicia Jiménez, ha explicado que se trata de una campaña dirigida al tejido empresarial y comercial de la localidad y con especial hincapié en el sector de la restauración: “Queremos concienciarles de que la venta de falsificaciones es una competencia desleal para todas las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad que pagan sus respectivos impuestos así como un fraude para el propio consumidor que adquiere productos incluso peligrosos para su salud ya que no pasan los controles de obligado cumplimiento”.
En el marco de dicha iniciativa, se distribuirán un millar de misivas entre los establecimientos de la ciudad con el objetivo de recordarles los perjuicios económicos y sociales que ocasiona esta práctica ilegal y solicitándoles además su colaboración para su erradicación. En las cartas también se les informa de que el hecho de que permitan la entrada a sus locales para la venta de productos falsificados puede constituir por sí mismo una infracción tal y como contempla el Código Penal.
Jiménez también ha indicado que se facilitará a los comerciantes material adhesivo para que puedan colocarlo en la entrada de sus negocios y así de antemano “advertir a los posibles vendedores de que están incurriendo en un delito y que la piratería es un acto ilegal”.
A la presentación de la iniciativa también ha asistido, el director general de la FAP, José Manuel Tourné, quién ha destacado la labor que desde el Consistorio marbellí se está llevando a cabo en el control y prevención de la venta ambulante ilegal.
Según Tourné, desde la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual se calcula (en función de las cifras aportadas por los propios vendedores) que las pérdidas económicas que ocasiona en Marbella ascienden a un millón de euros al mes. En la localidad, operan alrededor de 150 vendedores de los cuales unos 80 se dedican a la comercialización ilícita de productos audiovisuales.
Asimismo ha advertido que es un problema con un trasfondo social puesto que el fenómeno de la piratería “se relaciona en muchas ocasiones con situaciones tan alarmantes y graves como el tráfico de personas y situaciones de esclavitud”.