El Equipo de Gobierno ha destacado hoy que la decisión de anticipar el cumplimiento del nuevo PGOU de forma provisional no “implica de ninguna forma alterar el documento que la corporación municipal aprobó inicialmente por unanimidad” y que el acuerdo, fruto del consenso político entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, sólo pretende “adelantar la solución para los propietarios de viviendas y de negocios puesto que se trata de conceder licencias de primera ocupación y de apertura”, cuya regularización ya estaba prevista.
rgumentos por los que Romero ha calificado de “incomprensible” la posible impugnación de un acuerdo (aprobado en el último pleno con los votos a favor del Equipo de Gobierno, la abstención del PSOE y el voto en contra de IU) que el propio consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, definió como “jurídicamente impecable”.
Asimismo, ha advertido de que “se está tratando de dinamitar un acuerdo que además posibilitará que Marbella cuente con un movimiento económico mucho más favorable” sin que ello suponga, ha aclarado Romero, que “el Ayuntamiento renuncie a perseguir a los promotores que hayan podido lucrarse y que éstos se queden exentos de culpa sino que les reclamará todas las compensaciones que les corresponda al Ayuntamiento y a los ciudadanos”.
En este sentido ha puntualizado que “hablar sobre el sistema de compensaciones”, en alusión al caso del Hotel Senator, “responde a especulaciones y planteamientos interesados” que evidencian “un claro desconocimiento sobre el procedimiento de tramitación en que se encuentra el Plan General”. Y es que, hasta que no culmine el proceso de contestación de las 8.500 alegaciones planteadas al documento urbanístico y éstas se aprueben en pleno, tal y como establece la normativa, “no se estará hablando con conocimiento de causa” dado que, a fecha de hoy, se desconoce aún cuáles han sido estimadas o rechazadas.
Así pues, el portavoz del Ejecutivo local se ha lamentado de que se quiera sacar rédito político del supuesto desastre municipal que anuncian y que se cree alarma social con una falsa polémica, incompatible con la defensa del interés público”.
Romero también ha precisado que la decisión adoptada por el Gobierno y avalada por la administración autonómica obedece “a una declaración política que no tiene como consecuencia un efecto jurídico inmediato sino el establecimiento de una serie de criterios que deberán ser abordados y aportados en el estudio de cada una de las licencias que se otorguen y en cada caso, como marca la ley, tendrán que tener sus preceptivos informes técnicos y jurídicos”.
Es más, ha subrayado el portavoz municipal, el acuerdo “contempla todas las cautelas posibles para que no haya ninguna situación en la cual pueda pervivir una licencia que no sea conforme a ordenamiento”.