El Ayuntamiento ha impulsado una importante reforma del sistema tributario mediante la aprobación en pleno de las nuevas ordenanzas municipales que regulan los impuestos y cuya principal novedad reside en la introducción de bonificaciones en diversos supuestos. El portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, ha subrayado que la evolución del tipo impositivo en esta materia se ha ceñido a la aplicación de la actualización del Índice de Precios de Consumo (IPC) que ha pasado del 0.99 al 1.03, una apuesta “audaz y valiente” que mantiene el compromiso adquirido por la alcaldesa de no subir los impuestos.
Romero ha subrayado que el Ayuntamiento “está haciendo un gran esfuerzo para que todos los ciudadanos puedan soportar la crisis sin que peligren los servicios municipales” y ha recordado la “delicada” situación económica que atraviesa el Consistorio -que en 2009 tendrá que afrontar el pago de una deuda de casi 13 millones de euros heredada de corporaciones anteriores sólo en concepto de Seguridad Social- y que se verá agravada por la disminución de las transferencias del Estado a los ayuntamientos anunciada por el Gobierno central.
A pesar de dicha situación, el Equipo de Gobierno ha aprobado además la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles implementando una serie de bonificaciones que, como ha precisado Romero, “pretenden adaptar el tributo a la realidad de Marbella”. En este sentido, se ha lamentado de que el Grupo Municipal Socialista haya votado en contra de la medida y se ha cuestionado el modelo de gestión del PSOE “con propuestas como la subida del IBI en un 10% que solicitó en 2006, el aumento de todos los impuestos en un 20% planteado en su campaña o hechos como que el gobierno socialista de Jerez de la Frontera cuente con el IBI más elevado de Andalucía”.
Así, se contempla una bonificación del 50% para los inmuebles en construcción, una medida que, como ha explicado el portavoz del Ejecutivo local, “pretende fomentar una inversión en el término municipal que resulta especialmente necesaria en estos momentos”.
Asimismo, la cuota de las viviendas de protección oficial se beneficia de una deducción similar durante los primeros cinco años, mientras que las bonificaciones para las familias numerosas se amplían de 30 a 35 euros por hijo. La normativa contempla también una bonificación del 15% de la cuota durante un periodo de cinco años a aquellos inmuebles que instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
Por otra parte, la ordenanza sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también se ha adaptado a la legislación vigente y se han introducido las modificaciones técnicas necesarias en un texto que databa del año 1989. Respecto al tributo de Construcciones, Instalaciones y Obras, Romero ha puntualizado que se ha aplicado una “congelación absoluta” en una ordenanza que sustituye a la anterior fechada también en 1989 y que, según ha puesto de manifiesto, “apuesta por las bonificaciones para fomentar un nuevo modelo de ciudad” que presta “especial atención” a los discapacitados y a aquellas personas que desean acceder a una vivienda.
Por esta razón, el texto contempla bonificaciones de una 95% para las instalaciones de obras que incorporen sistemas de aprovechamiento técnico y eléctrico de energía solar; un 90% para obras que favorezcan las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de las personas discapacitadas y un 20% para edificaciones de VPO tanto en régimen de venta como de alquiler.
En cuanto al impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que grava cualquier operación inmobiliaria, Romero ha especificado que sólo se ha aplicado la actualización del IPC, si bien ha reconocido que, según las previsiones, “debido a la crisis no va a tener una influencia significativa el próximo año”. El paquete de nuevas ordenanzas relacionadas con el sistema tributario que ha sido aprobado provisionalmente en la sesión plenaria se completa con el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que también experimenta la aplicación del IPC.
En otro orden de cosas, el Equipo de Gobierno ha recordado el Plan de Austeridad puesto en marcha por el Ayuntamiento debido a la complicada situación económica del Consistorio y el actual escenario de crisis.
Otro punto importante que ha recibido el visto bueno por parte del Equipo de Gobierno, y que ha contado con la abstención de todos los grupos de la oposición, ha sido el relativo a la aprobación provisional de la adjudicación de la guardería “Guadaiza” de Nueva Andalucía.
El centro prevé la incorporación de 164 nuevas plazas municipales de 0 a 3 años a la red de guarderías públicas de la ciudad. En este sentido, la delegada del ramo, Carmen Díaz, ha subrayado “el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento para cubrir las necesidades educativas de la ciudad” y ha instado a la Junta de Andalucía, competente en la materia, a impulsar proyectos de esta naturaleza.
El Grupo Popular también ha sacado adelante, con sus únicos votos favorables, dos mociones para instar a las administraciones central y autonómica a una reforma urgente de la financiación local y rechazar la disminución de los ingresos prevista por las transferencias del Estado en los Presupuestos Generales del Estado de 2009.
La primera teniente de alcalde, María Francisca Caracuel, ha recordado que los ayuntamientos españoles “sufren una asfixia continua” al destinar hasta un 35 por ciento de sus fondos a competencias impropias. “A esto se le suma ahora la crisis económica que estamos padeciendo que también motiva una mayor demanda de servicios de los ciudadanos”.
Por todo ello, las propuestas aprobadas requieren al Gobierno central para que no disminuya las partidas presupuestarias que se destinan a las corporaciones locales y plantea un pacto local “para garantizar la financiación de los ayuntamientos”.
Además, por unanimidad se ha acordado la petición para instalar una oficina de la Agencia Tributaria en San Pedro Alcántara, continuando con la política desarrollada por el Equipo de Gobierno de descentralización administrativa del núcleo poblacional.
En otro orden de asuntos, el Pleno ha aprobado la solicitud la solicitud para la creación de dos nuevas zonas de trabajo social en Nueva Andalucía y Las Chapas y tres unidades de trabajo social, dos en Marbella y una en San Pedro, y la petición a la Junta de Andalucía para recuperar el edificio del CEIP La Azucarera, que ha quedado sin actividad tras el traslado de los alumnos al nuevo colegio de María Teresa de León, para uso cultural, social o educativo.
Por último, el Pleno ha dado luz verde a la modificación de crédito necesaria para llevar a cabo la transferencia de los recursos de las sociedades municipales a las OAL. A este respecto, Romero ha incidido que se trata de una medida “lógica y urgente” previa a la disolución definitiva del “ayuntamiento paralelo” creado por las corporaciones anteriores que culminará el próximo mes de octubre con la disolución definitiva de las sociedades.