El portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, y el coordinador general de Personal y Hacienda, Carlos Rubio, han explicado esta mañana que la reforma afectará a la mayoría de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, en concreto a once, que se adaptarán a la actual legislación vigente y se actualizarán con la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto situado en el 4,9 por ciento.

Rubio ha indicado que la modernización afectará a todas las ordenanzas desde el punto de vista de adaptación a la normativa actual ya que todas datan de la década de los 80 y, por tanto, “era una necesidad urgente acometer la actualización”.

Además, ha subrayado el responsable económico, “la iniciativa mantiene la línea liderada desde un principio por el Equipo de Gobierno que preside la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y basada en que el contribuyente no pague más, sino que todo el mundo cumpla con sus obligaciones tributarias”.

La reforma establece nuevos tipos impositivos que las ordenanzas no contemplaban y fórmulas de cálculo más modernas y adaptadas a la realidad socioeconómica de Marbella. Asimismo, se aprovecha para establecer las bonificaciones y beneficios dispuestos para distintos colectivos.

Entre las que se adaptarán se encuentra la ordenanza fiscal general donde se recogen “los procedimientos de gestión, inspección y recaudación y sirve de marco a las demás tasas”. Como novedad incorpora un callejero fiscal actualizado en el que se contempla que las calles de nueva construcción se asimilarán a la categoría que le corresponda en función de su situación geográfica.

Por su parte, la ordenanza por aprovechamiento del dominio público se verá simplificada, recogiendo todos los supuestos que anteriormente se establecían en ocho tasas. “En este caso se produce un cambio técnico en el que el nuevo cálculo en cuanto a tarifas se realiza en función del valor catastral donde se ubica la ocupación”, ha indicado Rubio, a la vez que ha especificado que el Equipo de Gobierno consciente de la crisis que sufren los pequeños y medianos comercios repercutirá de manera escalonada y en tres años la aplicación de la ordenanza, en concreto en los sectores de quioscos, mesas y sillas, y escaparates y vitrinas.

En cuanto a la tasa fiscal por aprovechamiento del dominio público por empresas explotadoras de suministro de interés general se contempla, como novedad, la telefonía móvil. En este punto, el Ayuntamiento estima que por este concepto las arcas municipales recaudarán 530.000 euros.

El Equipo de Gobierno también ha realizado un gran esfuerzo para adaptar la ordenanza de precios públicos en la que se recogen todos los bienes y servicios por los que el Ayuntamiento puede cobrar, como puede ser por el uso de instalaciones y desarrollo de actividades deportivas, servicios culturales, venta de productos turísticos, entre otros muchos conceptos.

Rubio ha realizado una mención específica al capítulo de deportes en el que, una vez realizado un estudio exhaustivo sobre los costes del mantenimiento de las instalaciones y la impartición de las actividades y que concluye que son más elevados que la recaudación, se establecen unos precios “por debajo del coste real de los servicios”.

La ordenanza va más allá en el apartado de las actividades deportivas y establece que a las personas que opten a éstas se les imputará solo el coste directo, con una bonificación del 50 por ciento para los usuarios empadronados en Marbella y otros descuentos para las personas mayores, miembros de familias numerosas y los que dispongan del carné joven.

Con respecto a la tasa fiscal que regula la retirada de vehículos de la vía pública, el coordinador de Hacienda ha explicado que se ha realizado una simplificación de la misma reduciendo de tres a uno los tramos y, de esta forma, recogiendo de forma más exacta la realidad del servicio de grúa.

Otra de las reformas significativas tiene que ver con la ordenanza del agua en la que se crea una tarifa, con un tramo único, para los organismos oficiales.

Las restantes tasas, que regulan la recogida de residuos sólidos, tarifas de las guarderías municipales, servicios de sanidad, mercados y licencias de taxis y vehículos de alquiler, se adaptarán al normativa vigente y se le aplicará la actualización correspondiente al IPC de agosto.

En los próximos meses se acometerá la adaptación de las ordenanzas restantes, en total cuatro, que regulan las licencias urbanísticas, de apertura, extinción de incendios y expedición de documentos administrativos.

El portavoz municipal ha destacado que se trata de una medida “más que lidera el Equipo de Gobierno para modernizar la gestión económica por medio de criterios de eficiencia en la utilización de los fondos públicos”.

En este sentido, ha recordado la decidida apuesta del Ejecutivo local por reestructurar la plantilla municipal, reorganizar la estructura orgánica del Ayuntamiento y avanzar en la recuperación de la legalidad urbanística.