Los datos facilitados por la concejalía corresponden a los últimos 16 meses, hasta enero del presente año y desde septiembre de 2007 cuando el Ayuntamiento adjudicó mediante concurso público la concesión del servicio a la empresa Autodesguace Avilés.

“Todos debemos concienciarnos de la importancia de un servicio que presta una labor fundamental para el cuidado de la imagen del municipio y evitar que los espacios públicos de nuestra ciudad se conviertan en un cementerio de coches y un almacén de chatarra”, ha destacado la delegada, Mª Francisca Caracuel.

La concejala ha explicado que entre la totalidad de expedientes abiertos la situación de los mismos es muy variada: en muchos casos se encuentran en pleno trámite; en otros los expedientes culminan con resultado positivo, porque el propietario accede a la petición del Ayuntamiento y retira el vehículo por cuenta propia; y por último, también se da la circunstancia de quienes, una vez que desde la Policía Local, se le notifica la solicitud de retirada, trata de sortear la normativa cambiando el vehículo a un emplazamiento distinto.

En este sentido, Caracuel hace un llamamiento a la colaboración ciudadana puesto que “este tipo de prácticas generan una gran pérdida de tiempo y de recursos a la policía, además por supuesto de dilatar una situación nada recomendable para la imagen de nuestras calles y para los vecinos de la zona en cuestión puesto que se están viendo privados de una plaza de aparcamiento”.

Según ha detallado la delegada de Seguridad Ciudadana, la unidad policial entra en funcionamiento una vez que se detecta que un vehículo, en claro estado de abandonado o de que no es apto para circular, permanece estacionado durante un mes en un mismo enclave.

La apertura del expediente, precisa Caracuel, “es un procedimiento administrativo muy laborioso que puede prolongarse entre 4 y 6 meses porque conlleva una tramitación complicada, incluso con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y que a veces se torna aún más compleja cuando se dan circunstancias como falta de datos o problemas de localización del propietario”.

La normativa municipal estipula sanciones de 750 euros para los infractores  y contempla que los automóviles en estado muy deteriorado inservible para la circulación puedan ser retirados directamente por el servicio de grúa al considerarse como residuos sólidos urbanos, que deben por tanto aguardar en depósito mientras se tramita el expediente y evitar así un uso inapropiado.