En rueda de prensa, el concejal ha explicado que este procedimiento es la continuación del Saqueo I y abarca la actuación de los gobiernos gilistas desde 1994 al 99 “para desviar fondos municipales hacia fines particulares distintos a los previstos por la ley”.

Además, Félix Romero ha asegurado que el Ayuntamiento está estudiando todas las vías para exigir las responsabilidades civiles a la familia Gil en éste y en todos los procedimientos en los que sea posible.

Según el escrito los hechos de los que se acusan giran en torno a tres ejes: el caso Monteverde; 91 operaciones fraudulentas, principalmente de las sociedades municipales, y el fraude a la Seguridad Social.

En el caso de las operaciones fraudulentas los hechos investigados se refieren, entre otros, a transferencias de las que se desconoce cuál ha sido su destino; la asunción de deudas de las sociedades municipales, cuya existencia se ha negado; enajenaciones que se han producido por un valor inferior al tasado; pagos a concejales por servicios inexistentes o ficticios; y distracción de fondos producida en las distintas empresas de las que son responsables sus respectivos administradores.

Romero ha enumerado algunas de las operaciones que “demuestran hasta que punto el saqueo de Marbella ha sido una situación verdaderamente vergonzosa y se ha jugado con los intereses de los ciudadanos; es por ello que nuestra obligación sea la de remover todo lo que esté en nuestra mano para recuperar el dinero que se llevaron del Ayuntamiento”.

Entre esas operaciones fraudulentas se encuentran pagos a concejales por servicios que nunca tuvieron lugar como el abono de más de 20 millones de pesetas a Carlos Fernández en 1995 que nunca justificó.

Otros casos llamativos que ha apuntado fueron que Julián Muñoz recibió en dos pagos de más de 4 millones de pesetas en concepto de “gastos de Navidad” y que se pagaron, en el año 94, 29 millones de pesetas a Andalucía Hotel “a justificar” para “alojamiento de personalidades” sin que consten que dichas cantidades tuvieran fin público.

El “despropósito” y la “falta de pudor” de los acusados llegó hasta los extremos de pagar 16 millones de pesetas por una “Fiesta Tropicana”; otros 50 millones para decorar el despacho del Ayuntamiento del que fuera alcalde de Estepona Jesús Gil Marín e hijo del ex alcalde Jesús Gil, o el abono en 1995 a Enrique Cerezo la cantidad de 5 millones de pesetas en un cheque al portador y que figura contabilizado en el libro diario de Eventos 2000.

Pero sin duda, una de las actuaciones que más ha llamado la atención es el cobro por parte de Tomás Reñones al Ayuntamiento de 1.752.130 de pesetas en el año 1999 en concepto de kilometraje, habiendo contabilizado en ese ejercicio 293.325 kilómetros, o lo que es lo mismo, “7,3 veces la circunferencia del globo terrestre”.

El procedimiento también juzgará el denominado caso Monteverde por el cual el arquitecto facturó proyectos que no se hicieron y fueron copiados de otras zonas de España e incluso en el extranjero por un valor cercano a los 42 millones de euros. Entre estos figuran los planos de un penal de Valencia con los que se pretendía construir un colegio en el municipio y el proyecto del parque Astérix “al que se borraron los nombres y se propuso su creación”.

Los acusados también se someterán a juicio por fraude a la Seguridad Social en relación a que desde el año 1991 el Ayuntamiento y las sociedades municipales se limitaron a presentar los boletines de cotización sin intención de realizar ingreso alguno, de manera que lo único que pudo recaudar el organismo central fue a través del procedimiento de deducción, es decir, compensando deudas con las aportaciones del Estado a las corporaciones locales.

Por último, ha subrayado que el Equipo de Gobierno está impulsando todas las acciones posibles para que la “etapa oscura” vivida en Marbella “nunca se vuelva a repetir”.