El Pleno del Ayuntamiento de Marbella, que ha celebrado hoy una doble sesión extraordinaria, ha aprobado articular los mecanismos presupuestarios necesarios para hacer frente a sentencias judiciales por valor de 18 millones derivadas de actuaciones de la época GIL. El portavoz municipal y concejal de Hacienda y Administración Pública, Félix Romero, ha señalado que “volvemos a apostar por la opción más eficiente para el abono de estas cantidades, recurriendo nuevamente al Fondo de Ordenación de la Entidades Locales al que acudimos en 2021 y que nos permitió gestionar uno de los momentos más críticos de esta Corporación, con la obligación de asumir el pago de más de 40 millones de euros por el mismo concepto”.
El edil ha recordado que “esta situación se derivó del cambio de criterio del Tribunal Supremo con respecto a las prescripciones de las responsabilidades urbanísticas, pasando de los 5 a los 15 años, lo que provocó un aluvión de sentencias condenatorias provenientes de esa etapa oscura de nuestra ciudad”. “Optamos en ese momento por esta vía y ahora volvemos a hacerlo después de que en el marco de la elaboración de los nuevos presupuestos nos haya comunicado Asesoría Jurídica la existencia de una deuda por sentencias de 18 millones”, ha precisado.
“De esta forma, nos permite confeccionar unas cuentas sin afectar servicios ni inversiones y garantizando los derechos de los trabajadores municipales”, ha indicado Romero, quien ha señalado que “además coincide con el plazo para revisar el Plan de Ajuste de 2021, un documento que fue muy leve y que ahora lo será levísimo, teniendo que adoptar para su justificación medidas fiscales menores y sobre todo con la renegociación de la deuda con la Junta de Andalucía”. En este sentido, también se ha acordado la revisión de cuatro tributos municipales, con el objetivo, además, de “armonizar el cuadro fiscal para adaptarlo a la realidad actual, con intervenciones de escasa envergadura y retoques que afectarán en un grado mínimo a los ciudadanos”.
Concretamente, el responsable municipal ha explicado que con respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como Plusvalía, la reforma consiste en que la actualización del mismo se produzca automáticamente con la publicación de los índices por parte del Estado. Por su parte, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) verá suprimida la bonificación por número de trabajadores empleados en la obra “debido a que hemos detectado que la mayoría de las empresas contratan mano de obra fuera de nuestro municipio y, por tanto, no se está consiguiendo el fin deseado”, ha indicado Romero, quien, no obstante, ha señalado que se mantienen el resto de ayudas, como el 95 por ciento para la instalación de placas fotovoltaicas o el 50 por ciento para las Viviendas de Protección Oficial (VPO).
Con respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el edil ha señalado que se trata de la columna vertebral del Ayuntamiento, representando el 50 por ciento de los ingresos. “El incremento de la inflación está afectando a nuestros servicios y con el finalidad de financiar nuestras obligaciones se hace necesario revisar el tipo y proponer una pequeña subida del 0,631 al 0,650 por ciento, además de aprovechar para crear otro tipo especial, con un 1 por ciento adicional, para inmuebles de uso comercial cuyo valor catastral supere los 1,5 millones de euros, consiguiendo que paguen más los que más tienen”. También se eliminan las bonificaciones relacionadas con el mantenimiento de los puestos de trabajo y la que se refiere a las instalaciones de generación de electricidad por placas solares, “que no era acorde con el principio de justicia tributaria, debido a que solo se puede aplicar a viviendas unifamilares y se daban situaciones de que algunas de lujo pagaban menos que determinados pisos en barrios”, ha señalado el concejal, que ha remarcado que se mantienen otras ayudas para viviendas de VPO (50 por ciento) y para familias numerosas, deduciéndose 100 por hijo hasta el 50 por ciento de la cuota.
En relación al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), “se trata de un tributo de escasa incidencia pero que necesitaba una actualización ya que la ordenanza que lo regula data de 1996”, ha afirmado el delegado municipal, quien ha recordado que solo afecta a grandes contribuyentes que facturan más de 1 millón de euros al año, como determinados centros comerciales y hoteles, a los que se les verá incrementada la cuantía una media de 148 euros anuales.
El segundo Pleno se ha cerrado con la dación de cuenta de la renuncia al acta de concejal del Grupo Municipal Popular del ya diputado nacional Cristóbal Garre, al que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha agradecido sus años de dedicación por la ciudad y al que ha invitado a seguir defendiendo los intereses del municipio en el Congreso. Por su parte, el edil saliente también ha dado las gracias al personal del Ayuntamiento y ha manifestado que “seguiré trabajando por Marbella”. En una sesión extraordinaria previa se han aprobado varias modificaciones de crédito para hacer frente al mantenimiento de instalaciones deportivas y zonas verdes, entre otras materias, además de un suplemento para garantizar la subida salarial a la plantilla municipal que obliga la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.