Marbella se beneficiará del nuevo decreto de simplificación de la Junta de Andalucía, que incluye una batería de medidas para la revitalización del mercado de las viviendas de protección oficial (VPO) que se dirigen tanto a favorecer su construcción como a facilitar su acceso a una mayor franja de población. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha mantenido hoy un encuentro con la delegada del Gobierno autonómico en Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado que “esta normativa es un balón de oxígeno para los ciudadanos y para las propias administraciones porque apuesta por la agilización de los trámites burocráticos, para que no supongan un obstáculo para la inversión en sectores tan estratégicos como el urbanístico o el inmobiliario” y ha subrayado que “es una línea en la que el Ayuntamiento lleva trabajando varios años y que se evidencia, por ejemplo, en la obtención de licencias de obras inferiores a 10.000 euros sin tasa y a través de una declaración responsable y hasta 100.000 euros con el pago de tasa, pero también con licencias comunicadas”.
La regidora ha incidido en que “la ciudad tiene un gran aliado en el Ejecutivo andaluz, como se ha puesto de manifiesto hace unos días con la reestructuración de la devolución del anticipo reintegrable con condiciones más favorables y como se está reflejando con la ejecución de nuevos equipamientos que están cambiando el mapa sanitario y educativo de la localidad”. Navarro, por su parte, ha asegurado que “este decreto recoge el sentir y las necesidades de los ciudadanos y del tejido empresarial y bebe directamente de lo que muchos ayuntamientos, como el de Marbella, llevan años aplicando para aportar eficacia y rapidez a la administración”. En este sentido, ha especificado que “afecta a más de 150 normas propias y contempla un total de 450 medidas que abarcan muchos ámbitos” y ha detallado que “realza la figura del silencio administrativo y la utilización de la declaración responsable y viene a lanzar un mensaje de confianza en la madurez de la propia ciudadanía, los operadores económicos y el resto de instituciones”.
En lo que se refiere a las VPO, Navarro ha precisado que la Junta ha impulsado más de 2.600 viviendas de precio asequible en la provincia desde 2019, una cifra que supera las 10.000 en el mismo periodo en la totalidad de la comunidad autónoma. Entre las principales medidas que se incluyen ha resaltado el aumento en un 14,5% del precio de los módulos con los que se fija el valor de los metros cuadrados de las viviendas protegidas para venta o alquiler y que, como ha avanzado, se actualizará anualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Es muy necesario para ganar en competitividad y favorecer la construcción, especialmente ahora que los costes de producción superan los precios de venta y esto repercute en la ejecución de nuevas edificaciones”, ha apuntado Navarro. Otro de los aspectos sobre los que ha llamado la atención es el aumento del límite salarial para poder acceder a una VPO ya que, como ha explicado, “va a permitir que una franja de población, especialmente los jóvenes, puedan optar a partir de ahora a estas viviendas sociales ya que, por su escasa capacidad de ahorro, también les resultaba difícil el acceso a las libres”.
Además, la normativa modifica la ponderación sobre el número de integrantes de la unidad familiar, para que puedan acceder también las más reducidas; sustituye el visado del contrato por la declaración responsable por parte del promotor y establece en un 4,5 el precio máximo de referencia para el alquiler de estas viviendas. En el ámbito urbanístico, se agilizan los trámites para la obtención de las licencias de obras y se permite realizar por fases las obras cuya ejecución comenzó ante de la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).