Muñoz, quien ha recalcado que el PGOU ha sido una prioridad máxima desde el inicio de la legislatura, ha confirmado que el Equipo de Gobierno incorporará modificaciones al documento que entregó el equipo redactor a principios del mes de junio para “proteger a los compradores de buena fe de las edificaciones que quedaban fuera de ordenación”.

La regidora ha subrayado que ya existe un millar de viviendas que el Plan urbanístico deja fuera de ordenación pero ninguna de ellas está habitada. En cambio, se han introducido fórmulas de compensación para los inmuebles que el texto remitido por el equipo redactor dejaba al margen del Plan.

“Ha sido siempre la postura coherente del Grupo Popular y un compromiso personal que confiamos en que la Consejería de Ordenación del Territorio entienda”, ha indicado, a la vez que ha señalado que el documento “supondrá algunas reclamaciones patrimoniales para el Ayuntamiento, que fue el que firmó, en legislaturas anteriores, convenios y otorgó licencias que no tienen cabida en la Marbella del siglo XXI”.

Ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Equipo de Gobierno ha tramitado el documento con la máxima lealtad institucional que se inició “con la aprobación sin cambiar la más mínima coma al documento que elaboró la Junta de Andalucía y el equipo redactor cuando retiraron las competencias urbanísticas a la ciudad”.

La tramitación, por tanto, cumplirá este mes un nuevo paso que desembocará en la aprobación definitiva por parte de la administración autonómica.

En la ratificación que tendrá lugar el próximo 29 de julio, se incorporará también el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que ha recibido hoy mismo el Ayuntamiento y que avala la postura del Equipo de Gobierno sobre los deslindes.

“El informe del órgano consultivo nos da la razón y es una gran noticia para la tramitación del PGOU, resuelve muchos de los conflictos que se hubieran generado y pone el punto y final a una polémica falsa alentada por los grupos de la oposición, fundamentalmente el PSOE”, ha afirmado.

No obstante, ha apuntado que el Gobierno municipal “no quiere hacer de este asunto una cuestión política porque no vamos a seguir con el mismo comportamiento que el Grupo Socialista”.

Ha relatado que el informe del Consejo Consultivo señala que “el suelo que estaba en litigio en las zonas de Benahavís, Ojén y Mijas tiene que respetar lo que el urbanísticamente estaba aprobado desde el año 86 y lo que se ha venido gestionando por cada uno de los ayuntamientos desde entonces y que han prestado servicios”.

Además, “cuando existen discrepancias en las lindes, el municipio correspondiente debe aprobar de manera provisional su planeamiento e instar a la comunidad autónoma a que tramite el expediente de alteración del término municipal”, tal y como ha defendido el Equipo de Gobierno y ahora avala el órgano consultivo.

Con respecto a las lindes con Benahavís, el informe apunta que “nos encontramos ante unos suelos urbanizados legalmente en base a un instrumento de desarrollo del PGOU de Benahavís que han seguido la tramitación legal completa y ante el que no se ha establecido objeción alguna, alcanzando la consideración de suelo urbano consolidado”.

“La devolución de estos suelos y edificaciones al término municipal, al que según el deslinde oficial pertenecen, tiene una serie de implicaciones más allá de las urbanísticas ya que habrá de tener en cuenta la viabilidad técnica del cambio de origen de los servicios urbanísticos suministrados hasta la fecha por el municipio colindante y existiendo también implicaciones en cuanto a los cambios necesarios a nivel del padrón municipal, a efectos tributarios o en relación al Registro de la Propiedad, con el agravante de la aplicación con carácter retroactivo en algunos de estos cambios”, incide el dictamen.