Caracuel ha precisado que las viviendas “no tenían expediente, no constaban en el patrimonio del Ayuntamiento ni en el inventario municipal, no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad, no tenían declaración de obra nueva y no existía censo de ocupantes”. Con el propósito de darles “realidad jurídica” y subsanar “una situación de absoluto caos”, el Equipo de Gobierno ha llevado a cabo “un trabajo ingente de recopilación documental” partiendo “prácticamente de cero” que se ha concretado con la escritura pública de los inmuebles.

En este sentido, ha precisado que el pasado 20 de abril tuvo lugar la inscripción ante el notario Fernando Alcalá de las 51 viviendas que integran la II Fase, mientras que el registro de las 200 viviendas de la I Fase se  formalizó el pasado 16 de julio. Para Caracuel, con este título jurídico “se frena cualquier intento de discrecionalidad en el otorgamiento de estas viviendas” y “mejora sensiblemente la situación de intranquilidad que vivían los adjudicatarios y sobre todo la de los propios colonos” ya que, según ha indicado, “algunas familias no se atrevían a abandonar sus casas por temor a que alguien pudiera ocuparlas”.

Asimismo, ha avanzado que el Ayuntamiento, a través de la delegación de Servicios Sociales, está elaborando un censo de ocupantes y un inventario de inmuebles “que permitirá identificar con exactitud a los titulares de las viviendas sociales” y que, por el momento, ha logrado evitar cuatro ocupaciones ilegales. En la misma línea, Caracuel ha puntualizado que “obtener la información total va a llevar mucho tiempo ante la práctica ausencia de documentos” y ha señalado que las cuatro viviendas de El Ángel que permanecen desocupadas están en un proceso de adjudicación “casi finalizado”.