De este modo, el defensor del Ciudadano de Marbella desarrollará su función en el Centro de Bienestar Social de Miraflores, mientras que su adjunto en San Pedro lo hará en la Casa de la Juventud del núcleo poblacional. La alcaldesa ha subrayado que ambos “estarán estrechamente coordinados con Bienestar Social y Participación Ciudadana” y ha apuntado que, inicialmente, se establecerá un calendario de reuniones semanales “para marcar las principales directrices de trabajo”.

Muñoz ha  precisado que la labor de los defensores “tendrá que ver tanto con el gobierno local como con el autonómico y el central,  por lo que es deseable que haya un buen entendimiento con todas las instituciones para que sea eficaz”.     En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento solicitará próximamente una reunión con el Defensor Andaluz.

Asimismo ha señalado que el Ejecutivo local “es muy accesible y facilita muchos cauces de comunicación con los vecinos”, si bien ha apuntado que “en la época que vivimos, la administración necesita de un interlocutor más cercano al ciudadano para que se haga eco de sus problemas, reclamaciones o sugerencias”.

La alcaldesa ha explicado que el defensor del ciudadano y su adjunto desempeñarán su cometido durante un periodo de cinco años, garantizando de este modo que su trabajo “sea absolutamente independiente del Equipo de Gobierno”.

Por su parte, tanto Rafael Jiménez como Fernández Martín han expresado su voluntad “de trabajar en la defensa de todos los vecinos del municipio que lo necesiten” y desarrollar una función “eficaz” como mediadores ante las distintas administraciones.