Resulta casi de “chanza”, apunta Romero, que desde Izquierda Unida se plantee que la existencia de la mencionada ordenanza genera inseguridad ciudadana cuando “precisamente lo que pretende es ordenar la utilización de los espacios públicos” de nuestro municipio a fin de garantizar “la buena convivencia de los ciudadanos y su bienestar”.

Planteamiento que tampoco tiene sentido alguno, añade el portavoz del ejecutivo local, en una ciudad en la que el índice de delincuencia ha experimentado un descenso del 14%.

Asimismo, el portavoz del Gobierno local ha recordado que esta clase de normativas también se han implantado en otras grandes ciudades porque “al final todos somos copropietarios de la vía pública que debe estar ordenada ya que el beneficio que genera es para todos, pero el deterioro y los perjuicios que genera su mala utilización también acaba influyendo en todos los ciudadanos”.