“El hecho de que la legislación laboral sea tan protectora con el trabajador ha planteado muchas dificultades para extinguir la relación laboral de personas vinculadas al GIL que costaban mucho dinero a las arcas municipales”, ha subrayado Rubio, quien ha mostrado su satisfacción por la obtención de estas sentencias.

En el caso de Raquel Escobar, el coordinador ha indicado que se trata de una sentencia firme por despido objetivo “que impide que Escobar pueda seguir siendo trabajadora de este Ayuntamiento”.

En cuanto a Antonio Luque, ha explicado que el Ayuntamiento había rechazado la petición de readmisión del antiguo concejal de GIL formulada en virtud de la ocupación de una plaza de interino. El juzgado de lo contencioso ha dado ahora la razón al Ayuntamiento argumentando que las plazas en la administración pública “sólo pueden desempeñarse atendiendo a criterios de igualdad, mérito, capacidad y concurrencia”.

En el caso de Salvador Bernal, la sentencia ratifica el despido objetivo del antiguo coordinador de Actividades Deportivas 2000 S.L.. Rubio ha precisado que Bernal había alegado un blindaje “que obligó al Ayuntamiento a depositar en los juzgados 240.000 euros como fianza”, una cantidad que ahora ha sido devuelta tras considerar el juzgado de lo social “que el blindaje de contratos en la administración pública no es aceptable y es, por tanto, nulo”.

Rubio ha señalado que estos tres nuevos casos elevan a 72 el número de despidos que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en los últimos tres años “con el objetivo claro de que trabajen para la administración local aquellas personas que lo merezcan y estén realmente capacitadas”.

De estos 72 despidos, 32 se han fundamentado en razones objetivas y han afectado a personas tan relevantes en la etapa GIL como Carmen Revilla, Tomás Reñones, Miguel Jiménez, Elías del Pozo o Juan Flores, mientras que los 40 restantes han sido despidos disciplinarios. Alrededor de 25 se han cerrado antes de llegar a sentencia porque ha habido un acuerdo previo al juicio.