El Pleno del Ayuntamiento de Marbella ha iniciado hoy, con la aprobación inicial de todos los grupos municipales, los trámites para dotar a la ciudad de una ordenanza que reducirá los trámites y plazos para la apertura de negocios en la ciudad.

“Es una normativa que va a proporcionar más información y claridad a los ciudadanos sobre la documentación y los trámites necesarios para solicitar los permisos y cubre un vacío normativo con la adaptación, además, a la directiva europea de Servicios”, ha explicado la concejala de Vía Pública e Industria, Alicia Jiménez.

La principal novedad que incorpora la ordenanza se encuentra en la eliminación de la exigencia de solicitar la licencia para las actividades inocuas, la mayoría de las que se presentan. “Lo único que tendrá que presentar el interesado en el Ayuntamiento es una comunicación previa con la documentación requerida y proceder a la inmediata apertura del local”, ha señalado.

La administración local tendrá la potestad de realizar a posteriori todas las comprobaciones que estime oportunas y en el plazo de 20 días de la presentación de la comunicación emitirá un documento “de toma de conocimiento” de que el establecimiento cumple con los requisitos.

En el caso de negocios con actividades calificadas por razón de protección del medio ambiente, de seguridad o de salud pública o las recreativas se mantiene la exigencia de obtener la licencia previamente a la apertura pero los plazos se acortan a los 2 meses, frente a los 4 ó 6 que transcurren en la actualidad.

En materia de ordenanzas, en la sesión ordinaria también se ha aprobado de forma definitiva la normativa local sobre Protección de los Espacios Públicos y se han iniciado los trámites para renovar la reguladora del uso y protección de las zonas verdes y arbolado del municipio.

El Equipo de Gobierno, con sus únicos votos a favor, también ha dado luz verde a la presentación de una impugnación contra la subida de tasas aprobada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental “en defensa de los intereses de los ciudadanos”. El portavoz municipal, Félix Romero, ha denunciado que la empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad, “ha subido la tarifa injustamente y de forma desorbitada, con incrementos como la tasa del alcantarillado en un 117 por ciento o la de saneamiento entre un 29 y un 63 por ciento”.

“Este aumento en la factura del agua que lleva a cabo Acosol, empresa que se financia en un 50 por ciento de las tasas que cobra a los ciudadanos de nuestro municipio, no se destina a incrementar las partidas para mejorar el servicio sino para publicidad y propaganda e incluso, un millón de euros, para lavandería”, ha asegurado.

Por otro lado, San Pedro Alcántara ha sido objeto de debate en dos mociones importantes que se han aprobado en el Pleno de hoy. En la primera, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la cesión de una parcela en la zona de Cuatro Vientos para que la Junta de Andalucía “cumpla con sus competencias y construya una oficina acorde a la importancia de San Pedro”, ha indicado Miguel Troyano.

El teniente de alcalde sampedreño ha recordado que actualmente el servicio, que utilizan diariamente 135 personas, se presta en un local  insuficiente y que, además, “ha tenido que alquilar el Ayuntamiento pese a ser una atribución exclusiva de la administración autonómica”.

Asimismo, el órgano municipal ha instado a la administración competente a que aproveche las obras del soterramiento de la A7 a su paso por San Pedro para acometer las actuaciones necesarias en materia de saneamiento integral y evitar que una vez finalizados los trabajos “se tenga que abrir de nuevo una vía con el perjuicio que eso supondría de nuevo para ciudadanos y comerciantes”.

Además, la Corporación ha acordado los últimos trámites administrativos para que la publicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se realice en el mes de mayo.

En materia social, el Equipo de Gobierno ha vuelto a demostrar su sensibilidad al aprobar en solitario una propuesta para iniciar el estudio de cara a la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública. De esta forma, ha explicado el concejal de Bienestar Social, Manuel Cardeña, se pretende primar a las empresas que contraten a trabajadores con riesgo de exclusión social.

El Grupo Popular Municipal, solo con el apoyo del grupo no adscrito, ha sacado adelante otra propuesta instando a la Consejería de Educación con la finalidad de que lleve a cabo todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad auditiva se puedan integrar a la comunidad docente, una petición trasladada al Ayuntamiento por los propios colectivos.

Por último, la Corporación, con los votos a favor del PP y el grupo adscrito y la abstención del PSOE e IU, ha reclamado a la Consejería de Educación que “cumpla el compromiso adquirido en 2007 e invierta 330.000 euros en la mejora del colegio Puerto Banús”, ha indicado la edil del ramo, Carmen Díaz.

“Han pasado tres años y el centro educativo sigue esperando que la administración autonómica sustituya el cuadro de luces, arregle las vallas perimetrales muy deterioradas y mejore los saneamientos de los patios infantiles que se encuentran parcialmente atorados”.