El Ayuntamiento, a través de sus servicios procesales, ha solicitado la relación de todos los bienes incautados en la Operación Malaya. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, quien ha asegurado que “la cifra de todo lo que se ha defraudado puede oscilar entre los 460 y los 500 millones de euros”.
Al término de la Junta de Gobierno Local celebrada en San Pedro, Romero ha aclarado que el objetivo de esta petición es “saber qué es lo que se nos ha robado y la forma en la que se ha materializado” y ha señalado que se trata de una cuestión “moral y material”. Aunque ha reconocido que “los bienes incautados son la punta del iceberg de todos los que desaparecieron” y que, como reflejan los propios autos judiciales, “es complicado abarcar lo que puede haber en el extranjero”, ha precisado que “nuestro afán es que se trabe el embargo y podamos conseguir si no el 100%, al menos el 90% de lo que nos robaron”.
El portavoz ha explicado que el Ayuntamiento tiene abiertos procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional -como los casos Saqueo I y II- y procedimientos abiertos por alcance contable en el Tribunal de Cuentas “en virtud de los cuales algunos imputados serían responsables ante el Consistorio por cantidades millonarias”. Por esta razón, ha insistido en que “nuestra voluntad es que no se pierda ni un solo euro en los recovecos judiciales”.
Entre los procedimientos en marcha sobre los que ya se están tomando determinaciones en este sentido destaca el caso Fergocom, en el que, como ha apuntado el edil, “se aceptaron facturas por casi 602 millones de pesetas” o el procedimiento que lleva el Juzgado de Instrucción número 4 sobre la enajenación de la parcela Abenamina S.A., en el que el perjuicio económico para el Ayuntamiento supera el millón de euros.
Aunque ha insistido en la dificultad de ofrecer una “cifra cerrada”, Romero ha puntualizado que el Ayuntamiento está relacionado con unos 300 procedimientos penales y el mismo número de civiles, así como unos 800 contencioso-administrativos. Se trata, ha matizado, de una “magnitud de litigiosidad inabarcable” que precisa de un asesoramiento legal adecuado y que, con toda probabilidad, “aumentará a raíz de la entrada en vigor del PGOU por las alegaciones que no hayan sido incluidas”. Por esta razón, “en breve plazo” saldrá la licitación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento por un importe total de 400.000 euros para tres concursos que pretenden abarcar todos los ámbitos de actuación judicial.