La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha dado cuenta tras la celebración de la Junta de Gobierno Local de un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento que recoge las últimas sentencias urbanísticas que “avalan el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y el sistema de normalización de viviendas, así como la seguridad urbanística que se implantó en la ciudad desde el inicio la pasada legislatura”, ha destacado.

Según ha explicado la primer edil, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga ha dictado sentencias con argumentos “muy sólidos” que respaldan “los argumentos del Equipo de Gobierno” tanto sobre el fondo del documento como sobre la incidencia de la aplicación del sistema de compensaciones.

En el primero de los casos ha resuelto a favor del Ayuntamiento un recurso de un grupo empresarial que impugnó el Plan General “al considerar que era lesivo para sus intereses” ya que el anterior Equipo de Gobierno le otorgó un suelo urbano para uso residencial que el nuevo planeamiento considera deportivo y dotacional.

“La sala da la razón a la tesis del Consistorio y considera que el PGOU no sirve, como decía el empresario, para no ejecutar sentencias sino para dotar a la ciudad a través de nuevos equipamientos, en sintonía con la tesis municipal”, ha señalado Muñoz, quien ha valorado que “entendemos que esa seguirá siendo la línea porque no hemos tenido ningún fallo desfavorable”.

En una segunda sentencia, desestima la impugnación de otro particular que recurría las cargas que se imponían para la regularización de una urbanización. “Consideraba que no tenía que hacer frente a esas cargas y que no tenía que dar más dotación al Ayuntamiento, pero la Sala ha estimado lo contrario y confirma que sí tiene que llevarlas a cabo”, ha informado.

En la misma línea de respaldo al PGOU aprobado por el Ayuntamiento y refrendado por la Junta de Andalucía en mayo de 2010, el TSJA ha emitido dos autos que aluden a las primeras normalizaciones de inmuebles que estaban fuera de ordenación que impulsó el Ayuntamiento.

Muñoz ha recordado que desde el Equipo de Gobierno “siempre hemos defendido que la normalización ponía fin, bajo nuestro punto de vista, a los recursos interpuestos y a las peticiones de demolición por anulación de licencia que, en algunos casos, incluso había pedido la propia Junta de Andalucía”.

En este sentido, ha dado a conocer dos autos favorables, uno de ellos de la primera urbanización que se regularizó, en noviembre de 2010, y que se ubica en la zona de Elviria. “Tal y como marca el Plan General, los promotores entregaron las compensaciones que fijaba el documento y el Ayuntamiento pidió a la Sala que se concluyera el expediente donde se anulaba la licencia”, ha indicado la alcaldesa.

La Sala ha archivado la causa y dado por ejecutada la sentencia, una vez conocida la normalización por parte del Consistorio y tras pedir informe a la Junta, que es quien impugnó la licencia e instó a que se anulara. “Si no se hubiera anulado el procedimiento lo siguiente sería que se pidiera la ejecución de la sentencia y se llevara a cabo la demolición”, ha advertido Muñoz.

“Estas sentencias avalan la legalidad de la normalización archivando y suspendiendo el procedimiento judicial que iba al margen del dinamismo del Plan y demuestran que las cosas se están haciendo bien”, ha apuntado. Además, ha remarcado que estas decisiones judiciales brindan “tranquilidad” a miles de afectados.

“Este Equipo de Gobierno aprobó el PGOU en una situación muy complicada; había que poner sobre la mesa la realidad de la ciudad y la de miles de familias con viviendas fuera de ordenación y decidimos sacar adelante un documento que dotara a Marbella de esa seguridad jurídica y urbanística y que también nos diera la posibilidad de recuperar equipamiento haciendo un ejercicio de responsabilidad”, ha afirmado.

Sobre los recursos que prosiguieron a la aprobación del Plan General, ha especificado que se interpusieron 432 por parte de particulares, empresarios u organizaciones. De momento, se han resuelto una docena. Nueve se han desestimado por cuestiones formales o archivado por desistimiento de la parte demandante y los otras tres “entran a valorar el fondo del Plan y en todos los casos dan la razón al Ayuntamiento”.

La alcaldesa ha destacado en este punto la labor del jefe de la Asesoría Jurídica, Enrique Sánchez, al tiempo que ha informado de la licitación para renovar el asesoramiento externo por parte de un despacho de abogados para los próximos dos años, con una prórroga de otros dos años “con unas cantidades muy inferiores de lo que desgraciadamente nos habían estado cobrando los anteriores abogados, y no solamente Del Nido, sino en épocas del PSOE, por las que todavía seguimos pagando una auténtica fortuna”.

“Hemos entendido que lo mejor es abrir una libre concurrencia y que se puedan presentar los mejores despachos de abogados”, ha señalado. En 2008 la asesoría jurídica global -penal, civil, mercantil, contencioso-administrativa y laboral- salió a concurso por 430.000 euros anuales por dos años, cifra que se rebajó en 2010 a 360.000 euros. En esta nueva licitación ha salido a concurso por 281.200 euros anuales por dos años, prorrogables a otros dos años.

Muñoz ha indicado que la Asesoría Jurídica cada día asume más competencias y que también la litigiosidad contra el Ayuntamiento se ha rebajado notablemente. “Se ha reducido pero como los procedimientos, especialmente en el tema de recursos, se alargan tanto, seguimos teniendo un volumen de trabajo que hace que tengamos que seguir contando con esa asesoría externa que nos permita seguir ganando los procedimientos”, ha señalado.

Como ejemplo, ha recordado la sentencia por la que el Ayuntamiento le ganó a Hacienda diez millones de euros, a la que siguió una segunda de otros cuatro millones de euros “que equiparan con creces lo que nos ha costado el servicio jurídico estos años”. “La idea es garantizar que el Ayuntamiento de Marbella gane con el menor coste posible”, ha concluido.