Romero ha anunciado que la acusación particular del Partido Popular solicitará la ejecución provisional de una sentencia que, a su juicio, “recoge gran parte de las pretensiones defendidas por el Partido Popular en nombre del Ayuntamiento y da la razón al pueblo de Marbella”. Asimismo, ha indicado que el derecho de cobro que reconoce “supone un respiro para el Consistorio en una situación muy complicada como consecuencia de la deuda heredada”.

El portavoz del Ejecutivo local ha recordado que el Partido Popular, entonces en la oposición, fue la única fuerza política que se personó como acusación particular en el procedimiento “porque éramos los únicos que teníamos deseos de reclamar los bienes que se habían saqueado”. En la misma línea, ha asegurado que “vamos a seguir peleando para que Marbella recupere hasta el último euro que le corresponde porque es de justicia que se restituya su patrimonio”.

En este sentido, ha reconocido que “resulta complicado determinar la cantidad que finalmente será devuelta” y ha argumentado que “nos encontramos en un momento muy prematuro y es necesario llevar a cabo un estudio más exhaustivo de la sentencia”. En cualquier caso, ha explicado que la ejecución provisional “permite un afianzamiento de la sentencia con independencia de que los acusados puedan recurrirla ante el Tribunal Supremo”.

Si bien ha puesto de manifiesto que los bienes que están embargados en el caso ‘Saqueo’ “no cubren la totalidad de la indemnización”, el Ayuntamiento tiene la posibilidad de “trabar embargo de nuevo de los bienes embargados en otros procedimientos como el caso ‘Malaya’ para que queden a resultas de ambos y no desaparezcan en el supuesto de que se produzca una hipotética sentencia absolutoria”. Se trataría, ha especificado, “de crear una especie de red entre todos los procedimientos abiertos que nos garantice que el derecho de cobro se haga efectivo”.

Romero ha señalado que el fallo de la Audiencia Nacional condena a cinco años de prisión a Juan Antonio Roca como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos y a un año y diez meses por otro delito de falsedad mercantil. Por su parte, José Luis Sierra ha sido condenado a un total de nueve años de cárcel, siete de ellos como autor de un delito continuado de malversación de fondos y dos más por falsedad documental.

Para Manuel Jorge Castel Fernández, la sentencia establece una pena de seis años de prisión por malversación de caudales públicos y dos más por un delito de falsedad en documento mercantil. Los tres deberán satisfacer “conjunta y solidariamente” al Ayuntamiento de Marbella con 22,9 millones de euros con abono de los intereses legales correspondientes. Igualmente, condena a la entidad Promociones Futbolísticas S.A. al abono de 2,4 millones de euros y a Rancho Valdeoliva al abono de 150.253 euros. Por último, absuelve a los herederos de Gregorio Jesús Gil y Gil, así como a Mario Jiménez Notario, Marta Jiménez Notario y Purificación Notario Díaz.

En otro orden de cosas, Romero se ha referido a la situación de Roca asegurando que “desde el momento en que está privado de libertad la relación laboral con el Ayuntamiento se suspende por imperativo legal” y ha indicado que “sería necesario que recuperara la libertad para que esa situación se rehabilitase y el Ayuntamiento pudiera despedirlo”. Por esta razón, ha pedido a la oposición que no haga “un uso torticero” de una circunstancia que “está sujeta a la normativa legal”.