El Ayuntamiento ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil de Málaga un concurso de acreedores para la sociedad municipal de Gerencia de Compras y Contratación de Marbella S.L., actualmente en proceso de disolución. Así lo ha anunciado esta mañana el coordinador general de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, quien ha señalado que la medida responde “a la imposibilidad de afrontar las deudas contraídas por los anteriores gobiernos municipales” y pretende “continuar con un proceso de ordenación que permita recompensar a los acreedores que prestaron servicios legítimos al Consistorio conforme a las posibilidades reales de pago”.
En este sentido, ha indicado que “la acumulación de sentencias judiciales que llevaba aparejado el embargo de las cuentas de la sociedad ha impedido en la práctica seguir cumpliendo con los planes de pago” y ha subrayado que “era necesario frenar el aumento de intereses y costas judiciales que estaban originando los innumerables procedimientos abiertos”. Asimismo, ha recordado la “delicada” situación de las arcas municipales, lastradas por la deuda “heredada” con la Seguridad Social y Hacienda y la crisis económica.
Rubio ha explicado que el Ayuntamiento conocerá en dos semanas si el juzgado declara el concurso de acreedores y en dos meses podría disponer de un informe inicial. En el caso de que algún acreedor se oponga al procedimiento, el juzgado deberá celebrar una vista previa a la declaración en el plazo de diez días. “Hemos estudiado a fondo la Ley Concursal y las circunstancias que concurren y creemos que la iniciativa prosperará”, ha afirmado Rubio, quien ha destacado que se trata de una situación “singular” al ser una empresa pública cuyos ingresos derivan en su totalidad de las aportaciones del Ayuntamiento.
Una vez declarado el concurso de acreedores, se procederá al nombramiento de una administración concursal que, junto al Consejo de Administración de Gerencia de Compras, se hará cargo de la administración ordinaria de la sociedad “que se limitará a ver cuáles son las fórmulas para hacer frente a las deudas que se reconozcan”. Otra consecuencia derivada del proceso es la paralización de los procedimientos civiles de reclamación de cantidad abiertos y todas las medidas de ejecución de embargo que, a partir de este momento, pasan a ser del conocimiento del juez. En la última fase, se alcanzará un acuerdo con el conjunto de los acreedores que, como ha especificado Rubio, “tiene que llevar aparejado una quita en cuanto a parte de la deuda y una aplazamiento en cuanto a los planes de pago”.
El responsable municipal de Hacienda ha recordado que el Ayuntamiento ya había acordado planes de pago para una deuda reconocida de 4,1 millón de euros. A este respecto, ha precisado que los filtros de selección establecían que se tratara de débitos que no se contemplaran en ninguno de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas o formaran parte del algún procedimiento penal o civil abierto por el Ayuntamiento. Además, debían contar con los informes favorables de los técnicos municipales y el interventor.
A esta cantidad, hay que añadir una deuda de 144.000 euros pendiente del informe del interventor; 2,5 millones de euros en sentencias judiciales firmes, 5,2 millones en deudas que el Ayuntamiento no ha reconocido porque aparecen en informes del Tribunal de Cuentas pero que pueden ser objeto de una reclamación judicial y débitos por un valor de 2,7 millones de euros que no cuentan con informe técnico pero que no han sido desestimados, por lo que las deudas con acreedores privados ascenderían a 15,3 millones de euros.
Rubio ha señalado que la masa total que se ha previsto para el procedimiento no excede los 19,3 millones de euros, ya que también se ha incluido la deuda con la Agencia Tributaria que alcanza los 3,9 millones de euros. Sin embargo, ha avanzado que se trata de una cifra estimativa “que podría reducirse a lo largo del procedimiento”.