La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha valorado positivamente la participación registrada en el proceso de presentación de alegaciones que, a día de hoy, rondan las 6000 y que, en su mayoría, han sido formuladas por propietarios de viviendas ilegales: “No podemos obviar que son 18.000 las casas que están fuera de ordenación y que, como no podía ser de otra manera, los vecinos han presentado sus alegaciones” al planteamiento expuesto por el Equipo Redactor del PGOU y la Junta de Andalucía que “propusieron que una parte de esas cargas –en alusión al proceso de normalización- recayesen sobre esas viviendas”.

La regidora les ha trasladado nuevamente un mensaje de tranquilidad y ha reiterado que el Ayuntamiento “entiende sus intereses” pero también ha resaltado la importancia de que se conciencien de la trascendencia que tiene para Marbella contar con un Plan General que restablezca la seguridad urbanística y jurídica y que, de manera urgente, “normalice y dé cobertura jurídica” a la situación en que se encuentran las viviendas y comercios construidas al margen de la legalidad.

De hecho, ha asegurado Muñoz, es ahora cuando comienza el trabajo del ejecutivo local ya que “tendremos que estudiar en profundidad como vamos a gestionar el Plan” y “valorar y contestar” cada una de las alegaciones presentadas para así incorporar “las que entendamos que de verdad son justas reivindicaciones”.

La alcaldesa ha expresado su deseo de que “el consenso presida la normalización institucional” restablecida entre las administraciones local y autonómica para que la aprobación provisional del PGOU –trámite que depende del Consistorio- no suponga un motivo de “confrontación” con la Junta de Andalucía puesto que la aprobación definitiva del nuevo texto urbanístico estará a cargo de la Consejería de Obras Públicas.

Muñoz también ha destacado que el planteamiento del Equipo de Gobierno con respecto al PGOU pasa por lograr un documento “mejorado, más del lado de los vecinos, menos teórico y más consciente de la realidad”.

En cuanto al proceso de presentación de alegaciones, la regidora ha subrayado que ha transcurrido con total normalidad y que durante este período se ha “triplicado el personal” destinado a tal fin debido a que “no se trataba solamente de recepcionar” la documentación sino “de hacer además las diligencias oportunas” para  identificar a cada usuario con un número de registro.