El Pleno ha aprobado en la sesión ordinaria celebrada esta mañana una ordenanza que mejora los criterios para la adjudicación de viviendas sociales y otorga una mayor seguridad jurídica a los usuarios. El concejal de Bienestar Social, Manuel Cardeña, ha señalado que esta normativa “materializa el duro trabajo que ha llevado a cabo el Ejecutivo local desde el inicio de legislatura para ordenar la situación de descontrol en la que se encontraban muchos de estos inmuebles”.

Ha explicado que la ordenanza “garantiza que la adjudicación de viviendas sociales se haga respetando en todo momento los criterios de igualdad, objetividad y transparencia” y tiene especial incidencia en el caso de la colonia de El Ángel “que el GIL dejé en una situación de limbo jurídico al no tener inscripción registral y a partir de ahora contará con todos los parabienes legales”.

Entre las novedades que introduce el texto –que se ha hecho a partir de un estudio detallado de las más de 500 viviendas sociales del municipio- destaca la adecuación de las permutas y la regularización de los contratos que, como ha señalado Cardeña, “pasan de anuales a indefinidos acabando con la incertidumbre que sufrían los usuarios”.

Otra propuesta que ha salido adelante es la ratificación del acuerdo relativo a la reducción del sueldo de los concejales en un 7% y de la alcaldesa en un 8%, un recorte que sumado al que se hizo efectivo al comienzo de legislatura supone un 27% en el caso de los ediles y de un 38% en el de la regidora. Además, los sueldos de los cargos de confianza se reducen en una horquilla que va del 5 al 15%.

El portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, ha señalado que esta medida “es un nuevo ejercicio de responsabilidad del Ejecutivo local ante una situación de crisis generada por la insensatez del Gobierno socialista de la nación” y ha precisado que la política de austeridad que se ha llevado a cabo desde el inicio de legislatura “ha supuesto un ahorro de 20 millones de euros en gastos corrientes”.

En otro orden de cosas, el Pleno ha acordado instar al Ministerio de Fomento a que ejecute la construcción de un paso peatonal elevado desde la rotonda de Benabolá a Puerto Banús que garantice la seguridad viaria en la zona. El delegado de Nueva Andalucía, Baldomero León, ha señalado que “es una actuación urgente que ha sido muy demandada por los vecinos, que contempla el nuevo PGOU y que evitaría el riesgo de accidentes en la zona”.

También ha salido adelante la propuesta para que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) lleve a cabo las medidas necesarias para que algunos de los bloques situados en la avenida José Manuel Vallés de Las Albarizas recuperen las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

El delegado de Bienestar Social, Manuel Cardeña, ha señalado que “es una actuación que el Ayuntamiento ha solicitado a EPSA en incontables ocasiones sin obtener respuesta y que requiere una acción inmediata para garantizar las mínimas condiciones de salubridad exigibles”.

Otras propuestas que han sido respaldadas por el pleno son las referidas a la actualización de la composición del órgano de coordinación para la prevención de incendios forestales; la asignación de nombres de mujeres vinculadas a la cultura a varias calles situadas en la zona de Arroyo de Nagüeles y la petición a la Consejería de Salud para que firme un convenio con las asociaciones de enfermos de espidermolisis bullosa que permita que el sistema de salud pública andaluz se haga cargo de los tratamientos.